Juicio oral en caso de policías que habrían alterado datos para beneficiar a supuesto narco

Tras la acusación fiscal, elevaron a juicio oral y público el caso de policías que habrían alterado datos del sistema informático para beneficiar a un hombre prófugo, que contaba con orden de detención con fines de extradición a Brasil, por narcotráfico.

Lo llamativo del caso es que se deriva tras la investigación del atentado en el que murieron dos personas, durante un festival que se desarrollaba en San Bernardino en enero de 2022. El hombre, identificado como José Luis Bogado Quevedo, resultó detenido tras ser herido en el atentado.

Según el reporte del Ministerio Público, en fecha 3 de enero de 2019, el Departamento de Informática de la Policía Nacional recepcionó el oficio por el cual el juez interino del Juzgado Penal de Garantías, abogado Elio Rubén Ovelar Frutos, solicitó la detención con fines de extradición de Bogado Quevedo.

El caso fue alterado varias veces por los sindicados, que caratularon la causa de diferentes maneras, incluyendo entre ellas dl delito de incumplimiento del deber legal alimentario.

La última modificación en el sistema informático fue el procesamiento de antecedentes judiciales de la Policía Nacional al día siguiente del hecho de homicidio por sicariato ocurrido en un evento musical en la ciudad de San Bernardino. En esa oportunidad, se cambió la causa de “incumplimiento del deber legal alimentario” a “detención con fines de extradición”, manteniendo los demás datos cargados anteriormente ese mismo día.

Con estos elementos, los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Lilliana Alcaraz, presentaron el requerimiento conclusivo en el caso que afrontan el suboficial Inspector Ramón Balbino Vargas Espinoza y el suboficial Superior Félix Antonio Ayala Caballero, por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, acceso indebido a sistemas informáticos y por alteración de datos relevantes para la prueba.

Ahora, el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios, elevó el caso a juicio oral y público, tras el pedido de la representación fiscal. La agente fiscal Alma Zayas representó al Ministerio Público en la audiencia preliminar donde se elevó la causa a juicio oral y público.