“Hacemos lucha prolongada porque la necesidad es grande”, señalan campesinos

La Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas llevó a cabo su tradicional marcha con una “lucha prolongada” contra todas las injusticias. Realizaron reclamos como la derogación de la llamada Ley Zavala-Riera, por la cual se elevó la tipificación de la “invasión” a la propiedad privada de delito a crimen. Así también, exigieron el fin de la criminalización de la lucha por la tierra, de los desalojos, y por políticas públicas para el sector afectado por la sequía.

Teodolina Villalba, secretaria de la Federación Nacional Campesina, y Ernesto Benítez, dirigente campesino, cuestionaron las faltas de acciones por parte de las autoridades del Estado paraguayo y aseguraron que “perdieron la actitud humana” hacia las comunidades campesinas e indígenas.

“Nosotros hacemos la lucha prolongada porque la necesidad que hay es grande. Es importante aclarar que nosotros hacemos el máximo esfuerzo. Nosotros peleamos, nos organizamos por una vida mejor en nuestro país”, sostuvo.

“Nuestra lucha es por la sociedad y la vida, contra las personas que perdieron toda actitud humana. Nos desespera que el Estado tenga el poder de decidir nuestro derecho y que nuestra vida está en manos de quienes se volvieron máquinas”, sostuvo por su parte el dirigente campesino a la 1020 AM.

“A Fidel Zavala se lo puede definir como un agente de la muerte en nuestro país. Lastimosamente esa clase de persona tiene el poder de decisión en el Estado. Toman decisiones deshumanizadas para premiar a una minoría”, añadió.

“Hay personas violentadas por este Gobierno, por el Estado paraguayo, que no cumple con su deber de proteger los derechos a la vida de nuestro pueblo, más bien los atropella”, precisó. “Participo de las reuniones con las autoridades y salgo destrozado. Mucho dolor y humillaciones pasamos en esta lucha por la tierra. Nosotros resucitamos con la tierra. Podemos compartir con alegría y no con mezquindad”, afirmó Benítez.

Mientras que la secretaria de la Federación Nacional Campesina enfatizó en que “los desalojos ocurren, nuestros compañeros se van a la cárcel. No hay política de Estado para solucionar los problemas. Los pequeños productores están desamparados”.

“Más de 800 asentamientos están de forma irregular en nuestro país. Nadie les hace caso. Con diversas organizaciones nos pusimos de acuerdo sobre la Fiscalía, al final actúa como Gobierno esta Fiscalía. Sandra Quiñónez se merecía el juicio político”, aseguró.

Fuente: Ñanduti Digital.