MNP insta al gobierno a definir política de gestión penitenciaria

Ante los últimos acontecimientos registrados en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, que desencadenaron el cierre del penal y el anuncio del traslado de personas privadas de libertad, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) expresa su preocupación por la ausencia de una política de gestión penitenciaria.

El MNP ha señalado, en sucesivas recomendaciones, que se deben profundizar las estrategias de abordaje de la crisis penitenciaria con los grupos criminales, y poder desarrollar políticas públicas interinstitucionales a corto, mediano y largo plazo.

En las visitas de monitoreo en las distintas penitenciarias a nivel nacional, se ha observado la consolidación intramuros del crimen organizado, cuya estructura y caudal impone su supremacía ante la débil institucionalidad penitenciaria, y ejerce un control de las cárceles.

La debilidad institucional trae como consecuencia la adopción de medidas paliativas sobre hechos consumados, que no apunta a una solución de fondo de la problemática.

El anuncio del traslado de personas privadas de su libertad a las distintas penitenciarias del país podría, antes que descomprimir la situación, generar otros focos de conflicto.

La población penitenciaria actual es de 14.845, de los cuales 70% se encuentra con prisión preventiva en establecimientos con 98,28% de sobrepoblación crítica y 1% sobrepoblación.

En reiteradas ocasiones, el MNP ha instado a los operadores del sistema de Justicia a garantizar el uso excepcional de la prisión preventiva ante el elevado número de personas sin condena.

Desde el MNP, se alienta a aunar esfuerzos entre las instancias del Estado para brindar una respuesta integral con perspectiva de derechos humanos. La crisis penitenciaria debe ser prioridad en las instancias del Estado involucradas.