Promueven acciones para garantizar derechos de la población penitenciaria

A fin de abordar la situación de las personas privadas de libertad en contexto de pandemia, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura #MNP organizó una reunión interinstitucional, con el objetivo de generar un espacio de trabajo articulado para facilitar las medidas de respuesta inmediata y eficaz considerando las competencias de cada una de las instituciones involucradas.

Los temas abordados con especial preocupación se refieren a la gestión de políticas penitenciarías relacionadas con el crimen organizado, la vacunación contra la COVID de las personas adultas mayores, los traslados administrativos, la atención médica extramuros y la protección de las personas víctimas de hechos punibles como la tortura o tratos crueles y degradantes.

Por el MNP participaron los/as comisionados y comisionadas: José Antonio Galeano, Sonia Von Lepel, Lourdes Barboza, Elizabeth Flores y Orlando Castillo.

Por el Ministerio de Justicia: el viceministro de Justicia, Édgar Taboada, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y el director de Derechos Humanos, Rafael Escobar; por la Corte Suprema de Justicia, la jueza del Juzgado de Ejecución Penal, Sandra Silveira; por el Ministerio Público: la fiscal general adjunta, Gilda Villalba, la fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Patricia Rivarola, la fiscala de Ejecución de Sentencia, Celia Beckelmann, y la directora de Derechos Humanos, Karilem Roldán; por el Ministerio de la Defensa Pública, el defensor adjunto, Paulino Escobar; y por el Ministerio de Salud: la directora de Derechos Humanos, Laura Bordón.

La reunión se realizó de manera virtual y los referentes se comprometieron a dar continuidad y desarrollo a la agenda de prioridades establecida, en próximos encuentros.

El MNP en su carácter de entidad articuladora y facilitadora de procesos tiene como fin la garantía de los derechos humanos de las personas en situación de encierro y, en tal sentido, ha realizado recomendaciones de manera permanente a las instancias de tres poderes del Estado para la atención de la crisis penitenciaria.