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En Itapúa se renuevan las protestas por subsidios a comerciantes fronterizos

26 de febrero de 2021 - 19:21

Grupos de comerciantes y trabajadores fronterizos de Itapúa comienzan a movilizarse por los subsidios prometidos por el gobierno. Foto: Gentileza

Los gremios y asociaciones que nuclean a trabajadores y comerciantes de frontera empezaron nuevamente a ganar la calle en Itapúa, en reclamo de los subsidios comprometidos por el gobierno de Mario Abdo Benítez para paliar la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Este viernes, cerca de un centenar de trabajadores y comerciantes fronterizos, entre taxistas, empleados de comercio y paseros, bloquearon de modo intermitente la Ruta N° 7, en Puerto Triunfo, distrito de Natalio.

Los manifestantes hicieron saber a los medios que el prolongado cierre de la frontera con la localidad argentina de Puerto Rico, en la Provincia de Misiones, provocó una caída de más del 90% de la actividad comercial, haciendo insostenible la economía familiar de la población.

Señalaron que durante toda la pandemia no recibieron ningún tipo de ayuda gubernamental, y que la situación “ya no da para más”, por lo que anunciaron que continuarán de manera indefinida con las protestas hasta que el Ejecutivo disponga la transferencia de recursos.

Vale destacar que el Congreso sancionó hace pocas semanas la Ley N° 6708/2021 que otorgaba subsidios excepcionales a trabajadores y comerciantes fronterizos de las ciudades de Pilar, Alberdi, Pilar, Alberdi, Nanawa, Puerto Falcón, Ayolas, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño, San Rafael del Paraná y Encarnación, pero esta semana Abdo Benítez la objetó totalmente mediante el Decreto N° 4.900 y la devolvió al Parlamento.

Es de suponer que la decisión del Ejecutivo se inscribe en el acuerdo para encaminar un nuevo proyecto de ley, que hizo el Ministerio de Hacienda con los gremios de comerciantes fronterizos de Nanawa, Ayolas, Alberdi y Pilar, y que fue rechazado por sus pares de Encarnación.

La ley le otorgaba G. 3.000.000 por tres meses a los comerciantes en general, personas jurídicas o físicas debidamente identificados en el Registró Único del Contribuyente (RUC) y con Patente Comercial; G. 500.000 para empleados en general, trabajadores informales, cambistas, vendedores ambulantes, carretilleros, taxistas y guardias de seguridad. La iniciativa se financiaba con recursos de las partidas presupuestarias de la Ley de Emergencia COVID-19.