MundoHistórico debate en el Parlamento
El Senado de Uruguay discute este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia y todo indica que será aprobado, convirtiendo al país en el primero de América Latina en legalizar este procedimiento. La iniciativa, respaldada por legisladores de distintos partidos políticos, ya fue aprobada en agosto por la Cámara de Diputados tras una sesión maratónica.
El Frente Amplio, coalición de izquierda que tiene mayoría en el Senado, apoya firmemente el proyecto, lo que anticipa un resultado favorable. En tanto, los históricos partidos Nacional y Colorado llegan divididos: algunos de sus legisladores, como la nacionalista Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda, confirmaron su voto a favor. El también colorado Robert Silva solicitó licencia para ceder su banca a Ope Pasquet, impulsor de la propuesta en la legislatura anterior.
"Después de tanto luchar, será parte", declaró Silva al diario El País, al destacar el trabajo de Pasquet en favor de la regulación.
En las barras del Palacio Legislativo estuvo presente Beatriz Gelós, una paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años, que se ha convertido en uno de los rostros más visibles del movimiento a favor de la eutanasia. Docente jubilada de 71 años, Gelós no puede moverse ni realizar tareas cotidianas sin asistencia y ha defendido públicamente el derecho a una muerte digna. Su historia, difundida por medios internacionales, fue citada durante el debate en Diputados como un ejemplo de los límites del sufrimiento humano y la importancia de la libertad individual.
También acompañaron la sesión representantes de organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, promotores de la norma, mientras que el grupo Prudencia Uruguay, que se opone al proyecto, expresó su rechazo desde las gradas.
¿Qué establece el proyecto?
La ley contempla que la eutanasia pueda aplicarse únicamente en determinadas circunstancias. Podrán acceder las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades o condiciones crónicas, incurables o irreversibles que deterioren gravemente su calidad de vida y provoquen sufrimientos "insoportables".
El procedimiento está compuesto por ocho etapas, que incluyen la solicitud expresa del paciente, la evaluación de un médico tratante y una segunda opinión independiente. Tras una nueva entrevista para ratificar la voluntad, el paciente deberá dejar constancia de su "última decisión" antes de que el médico actuante lleve a cabo el procedimiento, garantizando una muerte "indolora, apacible y respetuosa de su dignidad".
Durante el debate parlamentario, los defensores del proyecto insistieron en que la ley "regula y garantiza el derecho a morir con dignidad", y subrayaron que cada persona debe poder decidir sobre su propio destino y evitar sufrimientos que considere intolerables.
Sus detractores, en cambio, argumentan que el derecho a la vida es irrenunciable y que el Estado no debe legislar sobre la posibilidad de disponer de ella, por lo que piden reforzar los cuidados paliativos en lugar de habilitar la eutanasia.
De aprobarse, Uruguay se convertirá en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, y uno de los pocos en el mundo que reconocen legalmente el derecho a una muerte asistida, junto con naciones como Países Bajos, Bélgica, España, Canadá y Nueva Zelanda.
