El Parlamento Europeo aprobó el nuevo reglamento de retorno, una normativa que endurece las políticas migratorias en la Unión Europea y facilita la expulsión y detención de personas en situación irregular. La medida recibió el respaldo de bloques de derecha y ultraderecha, mientras que sectores progresistas votaron en contra.
El reglamento, impulsado en el marco del Pacto de Migración y Asilo, obtuvo 389 votos a favor, 206 en contra y 36 abstenciones. Ahora entra en su fase final de negociación con la Comisión Europea y los Estados miembros antes de su implementación prevista para 2026.
Desde sectores críticos, la normativa fue duramente cuestionada. La eurodiputada española Isabel Serra afirmó que el reglamento "permite que ciertas vidas valgan menos" y advirtió que, bajo el argumento de la seguridad, se vulneran derechos fundamentales.
Entre las medidas más controvertidas se incluyen la posibilidad de detenciones prolongadas de hasta 24 meses, expulsiones hacia terceros países considerados "seguros" —incluso sin vínculos directos con los migrantes— y restricciones más severas al acceso al asilo. En esa lista de países figura Colombia, lo que también ha generado críticas.
El eurodiputado Thomas Tobé, uno de los negociadores del acuerdo, defendió la iniciativa al señalar que sin el cumplimiento de las órdenes de retorno "no puede haber una política migratoria creíble", destacando que actualmente solo una de cada cinco personas con orden de salida abandona efectivamente el territorio europeo.
Organizaciones de derechos humanos y más de 200 entidades han rechazado el reglamento, al considerar que criminaliza la migración y expone a las personas a situaciones de vulnerabilidad. También alertan que la normativa podría afectar a mujeres, niños y trabajadores migrantes en condiciones precarias.
Desde asociaciones sociales, como Mujeres Sobrevivientes, advierten que muchas personas migrantes cumplen roles esenciales en sectores como el cuidado y la agricultura, pero permanecen en situación irregular sin acceso a derechos básicos. "Se necesita su trabajo, pero no se les reconoce", señalaron.
El debate se da en un contexto internacional marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en distintas regiones. Para críticos del reglamento, la normativa no solo busca controlar los flujos migratorios, sino que también podría profundizar la precarización laboral y la exclusión social de miles de personas en Europa.
Fuente: DW