El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el miércoles un acta de imputación en la que se acusa a Raúl Castro, expresidente de Cuba de 94 años, junto con otras cinco personas, de cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses a raíz del derribo mortal en aguas frente a la costa de su país de dos aviones operados por un grupo de ayuda humanitaria hace 30 años.
El acta de imputación, emitida por el Tribunal Federal de Distrito de Miami, es una escalada extraordinaria de la polifacética campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra el gobierno comunista de Cuba en un momento en que Trump ha intentado derrocarlo.
Los cargos pusieron sobre Castro, hermano de Fidel Castro, el peso del sistema de justicia penal estadounidense, endosándole una posible pena máxima de cadena perpetua. También sentaron las bases de una posible acción militar para expulsarlo del país, por medios similares a los que emplearon las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, que utilizaron una acusación contra Nicolás Maduro, exdirigente de Venezuela, para irrumpir en Caracas en una arriesgada operación en enero y capturarlo.
La acusación, que también imputaba a cinco pilotos de combate implicados en el ataque a los aviones, fue presentada en secreto el mes pasado por un gran jurado federal y se basaba en cargos anteriores, presentados por primera vez en 2003, contra uno de ellos.
En una conferencia de prensa en Miami, el fiscal general de Estados Unidos en funciones, Todd Blanche, y Jason A. Reding Quiñones, fiscal federal del Distrito Sur de Florida, acusaron a Castro y a los pilotos de la muerte de cuatro personas que fallecieron cuando el ejército cubano derribó los aviones la tarde del 24 de febrero de 1996. Los aviones eran operados por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados cubanos que a menudo surcaba los mares para buscar a cubanos que huían del país.
Fidel Castro asumió la responsabilidad del derribo de los aviones poco después de que fueran abatidos, y alegó que la organización había lanzado panfletos contra el régimen sobre La Habana en vuelos anteriores. El acta de imputación señala que Raúl Castro también era responsable, ya que él y su hermano eran "los que tomaban las decisiones finales" en la cadena de mando militar cubana.
Blanche describió los cargos contra Castro como un paso histórico para que los dirigentes del gobierno cubano rindan cuentas de sus errores pasados.
"Mi mensaje de hoy es claro", dijo. "Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan —ni olvidarán— a sus ciudadanos".
Blanche eludió las preguntas sobre si la acusación era un preludio de una acción militar estadounidense, diciendo que la decisión correspondía a Trump y a su equipo de política exterior. El propio Trump se negó el miércoles a decir si utilizaría el ejército para sacar a Castro de Cuba, diciendo a los periodistas: "No quiero decir eso".
Sin embargo, más allá de la fuerza militar, no había muchas opciones para llevar a Castro a Estados Unidos a enfrentar cargos. Blanche dijo que se había emitido una orden de detención contra él, aunque era poco probable que los cubanos lo entregaran. No obstante, Blanche dijo que esperaba que Castro acabara apareciendo en Estados Unidos, ya fuera "por su propia voluntad o de otra manera".
El gobierno cubano, en un comunicado, reprendió a Estados Unidos.
"Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar", dijo.
Desde que retomó el poder, Trump no ha ocultado su deseo de ampliar el territorio estadounidense y expulsar a los dirigentes que le desagradan. Tras la exitosa operación militar en Venezuela y los esfuerzos hasta ahora infructuosos para quedarse con Groenlandia o con el canal de Panamá, Trump ha dejado claro que Cuba es su próximo objetivo.
Cuba se enfrenta a un momento de crisis creciente, ya que se han agotado los suministros de petróleo del país destinados al consumo doméstico y a las centrales eléctricas después de que Trump impusiera de hecho un bloqueo a los envíos de combustible procedentes de cualquier país. El miércoles, el portaaviones Nimitz y sus buques de guerra de escolta entraron en el sur del mar Caribe, donde se espera que permanezcan al menos unos días, según el Comando Sur militar y un funcionario estadounidense.
También se produjo tras una inusual visita de John Ratcliffe, director de la CIA, quien se reunió con altos funcionarios cubanos, incluido el nieto de Castro, hace aproximadamente una semana. En las conversaciones, advirtió al gobierno que debía realizar cambios económicos y dejar de permitir que Rusia y China operaran puestos de inteligencia en su territorio.
En los 30 años transcurridos desde el derribo de los aviones, legisladores cubanoestadounidenses, activistas del exilio, sobrevivientes del episodio y familiares de las víctimas han pedido que se acuse penalmente a Raúl Castro, quien era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en aquel momento. Pero Blanche tuvo poco que decir cuando los periodistas le preguntaron por qué se había formulado ahora una acusación en el caso.
En una carta dirigida a Trump el 13 de febrero, cuatro congresistas republicanos solicitaron al Departamento de Justicia que considerara imputar a Castro. La carta citaba noticias que indicaban que había aprobado los fusilamientos, que los legisladores calificaron de "asesinatos a sangre fría".
"Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este crimen atroz", escribieron. "Es hora de que comparezca ante la justicia".
En una entrevista realizada este año, José Basulto, quien dirigía Hermanos al Rescate, se quejó de que las autoridades estadounidenses no hubieran actuado aún para exigir responsabilidades a Castro.
"Créeme, lo más cierto es que durante los 30 años que han transcurrido desde entonces, la demora en la justicia ha sido la mayor injusticia que se ha producido", dijo.
Dos exfiscales federales familiarizados con el caso dijeron que los gobiernos estadounidenses anteriores no tuvieron la voluntad política para presentar cargos contra un miembro de tan alto rango de un gobierno adversario.
El renovado impulso para presentar cargos parece haber cobrado fuerza en el último año, cuando se descubrió que uno de los pilotos imputados en el sumario, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 64 años, residía en Florida. Fue detenido en noviembre acusado de fraude de migración tras solicitar la residencia permanente, pero no admitir sus 30 años de servicio en la Fuerza Aérea Cubana como piloto de MiG altamente entrenado.
Ernesto Soberón Guzmán, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, dijo que las acusaciones parecían un intento del gobierno de Trump de crear un pretexto para emprender acciones militares contra Cuba.
"No puedo calificarlo de otro modo que un circo, un circo que están montando ahora como una acción más para justificar una agresión militar contra Cuba", dijo Soberón Guzmán en una entrevista.
Guzmán añadió que Hermanos al Rescate había violado el espacio aéreo cubano 25 veces antes de que el ejército cubano derribara sus aviones, y que funcionarios cubanos habían suplicado repetidamente a las autoridades estadounidenses que detuvieran los vuelos del grupo sobre Cuba, incluso mediante una carta de Fidel Castro al presidente Bill Clinton, un argumento respaldado por documentos estadounidenses desclasificados de la época.
"¿Cuántas violaciones deliberadas y graves del espacio aéreo estadounidense permitiría cualquier gobierno de Estados Unidos antes de tomar medidas?", preguntó.
Aunque la investigación sobre Castro llevaba semanas en marcha, Quiñones optó por hacer públicos los cargos el miércoles. Coincidió con el Día de la Independencia de Cuba, que conmemora el fin de la ocupación militar estadounidense de la isla en 1902.
La conferencia de prensa se celebró en la Torre de la Libertad, donde los cubanos que huían de la revolución comunista eran procesados y recibían ayuda. Asistieron funcionarios influyentes del sur de Florida, entre ellos alcaldes, políticos cubanoestadounidenses locales y exfiscales, incluidos algunos que habían trabajado en intentos anteriores de imputar a Raúl Castro que nunca fructificaron.
La presencia de funcionarios públicos en una conferencia de prensa en la que se anunciaba un procesamiento penal fue un hecho inusual, que puso de relieve la naturaleza política de los cargos.
Maggie Khuly, de 80 años, hermana de uno de los cuatro cubanoestadounidenses que fueron abatidos y murieron el 24 de febrero de 1996, calificó los cargos de agridulces. "Es bueno en el sentido de que la justicia en nuestro caso parece avanzar", dijo. "Es amargo en el sentido de que se está tardando 30 años y, ya sabes, nunca se llega a una buena justicia a menos que recuperemos a nuestros muertos, lo cual es imposible".
Una de las sobrevivientes, Sylvia Iriondo, de 85 años, agente inmobiliaria, recordó los detalles de aquel día, señalando cómo Basulto se había vuelto hacia ella y le dijo que ellos eran los siguientes tras divisar humo proveniente de uno de los aviones derribados. Ella sacó un rosario mientras Basulto los llevaba hacia la seguridad del espacio aéreo estadounidense.
Iriondo dijo que en ese momento tomó la mano de su esposo y empezó a rezar porque tenían la sensación de que algo horrible había ocurrido.
Por: Alan Feuer, Frances Robles and David C. Adams
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