Ordenan a Cristina Fernández y otros pagar USD537 millones
Un tribunal federal de Argentina ordenó este martes (15.07.2025) a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y a otros ocho condenados que paguen 685.000 millones de pesos (unos 537 millones de dólares) en concepto de decomiso por irregularidades en la concesión de obras viales, en el marco de la denominada causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) dispuso que Fernández deberá afrontar, junto a exfuncionarios de su gobierno y empresarios, el pago de ese monto por el "daño producido al erario público". Según la resolución, el dinero deberá ser depositado en efectivo, en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina, en un plazo de 10 días hábiles. En caso de incumplimiento, se activará un proceso de remate de las propiedades embargadas a los condenados.
Entre los involucrados también figuran el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos actualmente en prisión.
El tribunal estableció el monto con base en una pericia contable oficial y calificó los hechos como un "gravísimo hecho de corrupción". Asimismo, desestimó una pericia presentada por la defensa, que proponía restituir apenas 42.000 millones de pesos (algo más de 33 millones de dólares).
Se espera que Fernández y los demás condenados apelen la decisión del TOF 2.
Cristina Fernández permanece bajo prisión domiciliaria desde el mes pasado, tras la confirmación de la Corte Suprema de Justicia de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia determinó que la expresidenta debe continuar con tobillera electrónica y requerir autorizaciones especiales para recibir visitas fuera del listado autorizado.
A pesar de las manifestaciones constantes de militantes peronistas en apoyo a Fernández, los tribunales ratificaron que la ubicación de su detención no debe modificarse, a fin de evitar mayores perjuicios a los vecinos del barrio.
Fuente: DW