El Gobierno argentino liderado por Javier Milei desplegará 300 agentes en la Triple Frontera para reforzar la seguridad y contener el avance del crimen organizado, mientras evalúa la participación de las Fuerzas Armadas en el operativo.
Tras instalar un cerco en Aguas Blancas, el Gobierno nacional inició el despliegue de agentes de seguridad en la Triple Frontera. Según fuentes oficiales, el domingo se registró un enfrentamiento con una organización delictiva que dejó a un suboficial herido.
En un intento por fortalecer el control en la frontera con Paraguay y Brasil, el Ejecutivo dispuso el envío de 300 efectivos a la provincia de Misiones. El operativo comenzará en Bernardo de Irigoyen y se extenderá hasta Puerto Iguazú, incorporando personal de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Desde la Casa Rosada no descartan involucrar a las Fuerzas Armadas en las tareas de vigilancia fronteriza. "Es una posibilidad concreta y está contemplada en los decretos recientes que amplían sus atribuciones", indicaron desde el oficialismo, en referencia al decreto 1112/24, que habilita a las fuerzas militares a intervenir contra amenazas externas no estatales, como grupos terroristas.
El refuerzo de la seguridad en la frontera responde a la escalada de violencia en la región, evidenciada en hechos como el robo de armamento en la División de Infantería de la Unidad Regional III de Eldorado, donde fueron sustraídos dos fusiles FAL y dos escopetas calibre 12-70, y donde un oficial perdió la vida.
Además del despliegue de fuerzas, el Gobierno busca fortalecer la cooperación con agencias de seguridad de Paraguay y Brasil para frenar el avance del crimen organizado. Una estrategia similar se está implementando en el norte del país, en la frontera con Bolivia, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la construcción de un cerco perimetral en Aguas Blancas, Salta.
En paralelo, el oficialismo avanza en una reforma migratoria que endurecerá las condiciones para la obtención de residencias a ciudadanos extranjeros. La iniciativa, que modifica la Ley de Migraciones (25.871), apunta a limitar el ingreso irregular al país y prevenir la radicación de grupos delictivos transnacionales.
Fuente: lt7noticias.
