Maduro pide al TSJ retirar la nacionalidad a Leopoldo López y anuncia anulación de su pasaporte
El presidente Nicolás Maduro informó el miércoles 29 de octubre que pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "consideración constitucional" para quitar la nacionalidad venezolana a quienes —a su juicio— se "suman a un ejército extranjero imperialista para invadir" el país, una medida que el Ejecutivo vincula específicamente al opositor Leopoldo López, exiliado en España.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez añadió que, además del recurso ante el TSJ, el Gobierno procedería "de inmediato" a anular el pasaporte de López, acusado por la administración de Maduro de promover sanciones, "llamados a la invasión" y acciones que, según el Ejecutivo, atentan contra la soberanía nacional.
El anuncio del Ejecutivo llega en un contexto de alta tensión regional por el despliegue militar estadounidense en el Caribe —incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford según medios internacionales— movimiento que Caracas ha interpretado como presión externa y que el Gobierno ha utilizado para fundamentar su advertencia contra quienes favorezcan una intervención.
La medida enfrentaría un obstáculo constitucional notable: el artículo 35 de la Constitución venezolana establece que los venezolanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad, mientras que Maduro basó su pedido en el artículo 130 (deber de honrar y defender la patria) y en normas penales que sancionan la traición o la promoción de sanciones externas. Expertos y opositores han señalado la aparente contradicción legal y advierten sobre la inconstitucionalidad de una medida contra un ciudadano nacido en Venezuela.
En su respuesta pública, Leopoldo López rechazó la intención del Gobierno y advirtió que lo usan como "chivo expiatorio": "Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad", dijo desde su exilio en Madrid, según comunicados difundidos por su partido Voluntad Popular. El propio partido calificó la maniobra como una copia de "patrones represivos" aplicados por los gobiernos de Cuba y Nicaragua.
Analistas y organizaciones de derechos humanos han advertido que el uso del poder judicial para sancionar a opositores políticos refuerza prácticas de criminalización de la disidencia y profundiza la polarización. Además, la posibilidad real de retirar la nacionalidad y documentación plantea preguntas prácticas sobre el procedimiento legal —qué instancia la ejecutaría (TSJ, Cancillería, SAIME), los recursos de los afectados y la viabilidad internacional de aplicar sanciones de ese tipo a un ciudadano con residencia y protección en España.
Qué sigue: el recurso presentado por Maduro debe ser admitido y valorado por un TSJ ampliamente cuestionado por su cercanía al Ejecutivo; de admitirse, la Cancillería y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) serían instancias operativas para anular pasaportes y documentos. La oposición y observadores internacionales han anticipado recursos jurídicos y pronunciamientos de organismos de derechos humanos si se intenta ejecutar la medida.