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El entendimiento, revelado por la Casa Blanca, apunta a profundizar la apertura de mercados, derribar barreras comerciales y alinear normativas en sectores estratégicos, en un movimiento que ambos mandatarios califican como parte de una "alianza estratégica" cimentada en valores democráticos y visión de libre mercado.
El documento establece que Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses en sectores sensibles como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y numerosos productos agrícolas. A cambio, Estados Unidos se compromete a eliminar aranceles recíprocos para ciertos recursos naturales no disponibles en su mercado y para artículos sin patente utilizados en la industria farmacéutica. Washington también evaluará el impacto del acuerdo en su política de seguridad nacional al momento de adoptar medidas bajo la Sección 232, una herramienta clave de política comercial norteamericana. Ambas naciones, además, prometen mejorar las condiciones para el comercio de carne vacuna de manera mutua.
El Gobierno argentino se comprometió a desmontar trabas no arancelarias que históricamente limitaron el acceso a su mercado, incluyendo licencias de importación y formalidades consulares. También eliminará gradualmente el impuesto estadístico aplicado a bienes de origen estadounidense. En paralelo, se alinea con estándares internacionales para facilitar el ingreso de productos norteamericanos, desde vehículos fabricados bajo normas de seguridad estadounidenses hasta dispositivos médicos y farmacéuticos aprobados por la FDA.
Otro eje central del acuerdo es la propiedad intelectual. Argentina emprendió acciones contra un conocido mercado regional de productos falsificados y anunció que reforzará los controles contra la piratería, tanto física como digital. También asumió compromisos para corregir problemas estructurales señalados por el informe 301 de la USTR en 2025, incluyendo criterios de patentabilidad, acumulación de expedientes y denominaciones geográficas, con el objetivo de acercar su normativa a estándares internacionales.
En materia agrícola, Argentina habilitó el ingreso de ganado bovino estadounidense, se comprometió a abrir su mercado al pollo dentro de un año y garantizó que no restringirá productos que utilicen términos vinculados a quesos o carnes. Además, simplificará trámites para la importación de carne, subproductos y lácteos, lo que busca dinamizar el comercio agroalimentario bilateral.
El Gobierno argentino también ratificó su adhesión a estándares laborales internacionales y prometió prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, al tiempo que fortalecerá la fiscalización de su legislación laboral. En el área ambiental, el país asumió la obligación de combatir la tala ilegal, promover un uso más eficiente de los recursos —incluidos los minerales críticos— y cumplir plenamente el acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.
La cooperación en seguridad económica constituye otro punto de convergencia. Argentina y Estados Unidos acordaron coordinar acciones contra políticas de mercado distorsivas de terceros países y buscarán armonizar criterios en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y lucha contra la evasión de aranceles. En esa línea, ambos gobiernos avanzarán en políticas de apoyo a inversiones en minerales estratégicos y en iniciativas destinadas a estabilizar el comercio mundial de soja.
Argentina también se comprometió a revisar el rol de empresas estatales y los subsidios industriales susceptibles de afectar la competencia bilateral. En el ámbito digital, aceptó facilitar el flujo transfronterizo de datos y reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de información personal. Asimismo, evitará discriminar servicios o productos digitales estadounidenses y reconocerá la validez de firmas electrónicas emitidas bajo la legislación norteamericana.
Los dos países ya trabajan para cerrar la redacción final del acuerdo y completar los procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor. Según la Casa Blanca, la implementación será monitoreada mediante los mecanismos ya existentes, como el Acuerdo Marco de Comercio e Inversión y el Foro de Innovación y Creatividad para el Desarrollo Económico.
