El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, iniciativa remitida por Claudia Sheinbaum, con una votación de 456 a favor.
La nueva norma unifica la tipificación de la extorsión en todo el país, estipula que el delito será perseguido de oficio —es decir, sin requerir denuncia formal de la víctima— y armoniza sanciones que van de seis a quince años de prisión para la forma básica del delito, mientras que en casos agravados podrían aplicarse hasta 20 o 25 años.
Además de las modificaciones al Código Penal Federal, incorpora reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Nacional de Extinción de Dominio y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para facilitar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
El dictamen también contempla medidas específicas: creación de un centro de atención a denuncias por extorsión, mecanismos para que las empresas de telecomunicaciones colaboren bloqueando números usados en esta práctica, y define como agravantes aquellas situaciones en que las víctimas sean menores de edad, mujeres embarazadas, migrantes o personas mayores.
A pesar del apoyo mayoritario, la iniciativa ha enfrentado críticas por parte de colectivos y legisladores que señalan que el dictamen, aunque es un avance, deja vacíos respecto al control de la colusión de autoridades con redes de delincuencia organizada y no incluye suficientes mecanismos para proteger a las víctimas cuando denuncian.
El siguiente paso será la discusión en lo particular de los artículos de la ley, donde los diputados podrán presentar reservas y modificaciones antes de su eventual envío al Cámara de Senadores de México para su análisis final.