MundoCrisis de salud pública
Al menos dos personas murieron y más de 200 están bajo investigación tras ingerir bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, incluido el popular cóctel brasileño caipirinha. Los afectados presentan síntomas como visión borrosa o ceguera, náuseas, vómitos, dolores abdominales y sudoración, y en los casos graves se han registrado daños irreversibles en riñones y cerebro.
La crisis, con epicentro en San Pablo, ha alcanzado al menos siete estados, desde Pernambuco y Bahía hasta Paraná y el Distrito Federal. La Agencia Brasileña de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) activó contactos internacionales para conseguir fomepizol, un antídoto contra la intoxicación por metanol, y distribuye etanol farmacéutico como alternativa. El ministro de Salud, Alexandre Padilha, recomendó evitar el consumo de bebidas alcohólicas destiladas, especialmente las incoloras de origen incierto.
Las autoridades sanitarias y la policía realizan controles a gran escala, cerrando comercios sospechosos y analizando más de mil botellas incautadas. La primera detención se produjo en San Pablo: Ilson de Sales do Amor Divino, acusado de proveer materiales para falsificación de más de 10.000 botellas adulteradas al mes.
Se sospecha que la adulteración podría estar vinculada a distribuidores de combustible asociados al Primer Comando de la Capital (PCC). La Asociación Brasileña de Lucha contra la Falsificación (ABCF) sugiere que metanol proveniente del crimen organizado fue vendido a destilerías clandestinas tras operaciones recientes contra el PCC.
Desde 2016, la suspensión del Sistema de Control de la Producción de Bebidas (Sicobe) permitió que la falsificación creciera exponencialmente. Según la ABCF, el sector de bebidas generó pérdidas por 88.000 millones de reales (16.484 millones de dólares) en 2024, con evasión fiscal y perjuicios industriales. El volumen de destilados falsificados alcanza hasta un tercio del mercado, con precios 35% a 48% más bajos que los originales.
Expertos destacan que la falsificación se facilita por la recolección de botellas originales desechadas, que luego se rellenan con productos peligrosos como el metanol, y advierten que el daño económico y sanitario es grave y persistente. Mientras tanto, bares y destilerías registran caídas de hasta 50% en pedidos, y la cadena productiva enfrenta pérdidas millonarias.
El Congreso prepara un proyecto de ley que equipara la adulteración de bebidas con delitos graves, con penas de hasta 30 años en caso de muerte, aunque los especialistas consideran que solo medidas de control eficaces y trazabilidad podrían prevenir nuevas tragedias.
