Cada día una mujer menos: once feminicidios diarios en la región
América Latina registra en promedio once feminicidios diarios, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2023, al menos 3.897 mujeres fueron asesinadas, y más del 65 % de los casos involucraron a parejas o exparejas de las víctimas.
Entre los recientes casos con sentencia firme se encuentran Estela Velarde, de 45 años, asesinada por su esposo en Salta, Argentina, frente a su hija; y Raquel Arroyo Aguilar, de 41 años, quien murió en Costa Rica tras ser sedada por su marido médico mientras sus hijos estaban en casa.
Activistas advierten que estos números no deben reducirse a estadísticas. "Son cifras para dimensionar una realidad de miles de mujeres asesinadas y familias desprotegidas por el Estado", señala la activista argentina Silvina Molina.
Especialistas coinciden en que los feminicidios son un síntoma de desigualdad estructural y de sistemas patriarcales profundamente arraigados. Yamila González Ferrer, experta de CEDAW, explica que los mandatos de control masculino sobre los cuerpos y vidas de las mujeres siguen naturalizados, lo que alimenta la violencia extrema. Por su parte, la investigadora venezolana Magdymar León agrega que factores como desigualdad económica, cargas de cuidado y legitimación social de los celos contribuyen a la persistencia de estos crímenes.
La violencia hacia las mujeres no solo es física o sexual; también se manifiesta en formas psicológicas, económicas, digitales y políticas, apunta Adriana Quiñones, de ONU Mujeres. La discriminación se intensifica en casos de interseccionalidad, afectando más a mujeres mayores, con discapacidad o de comunidades racializadas.
Además, el entorno digital ha amplificado la violencia: la llamada manosfera, espacios en línea que promueven la supremacía masculina, ha normalizado discursos misóginos y generado mayor exposición de mujeres a agresiones virtuales, según la experta chilena Patsilí Toledo.
A pesar de algunos avances normativos y mayor visibilidad de los casos, la implementación de leyes y mecanismos de protección sigue siendo desigual. La combinación de retrocesos políticos, falta de recursos y resistencia cultural limita la efectividad de las medidas.
"Las tradiciones que oprimen a mujeres y niñas deben quedar en el pasado, pero erradicarlas exige voluntad política y cultural", alerta Quiñones. Para Molina, la urgencia es clara: hablar de este problema es el primer paso para frenar la violencia y proteger vidas.