MundoJusticia
Se cumplen hoy once años del fallecimiento del fiscal federal Alberto Nisman, hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento en las Torres Le Parc de Puerto Madero, con un disparo en la cabeza.
El hecho ocurrió un día antes de su prevista exposición ante el Congreso de la Nación para ampliar la denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante el Memorándum de Entendimiento con Irán.
La causa por la muerte de Nisman, declarada homicidio por la Justicia federal desde 2018 tras peritajes clave de Gendarmería Nacional, mantiene procesados a Diego Lagomarsino —técnico informático que le prestó el arma Bersa— como partícipe necesario, y a cuatro custodios policiales por encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sin embargo, a once años, aún se desconoce la identidad de los autores materiales y los eventuales autores intelectuales del crimen.
En el aniversario, la investigación judicial refuerza líneas sensibles: el rol de servicios de inteligencia ilegales y posibles responsabilidades políticas.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano avanzan en el análisis de seguimientos ilegales previos a la muerte —incluyendo un virus troyano enviado por correo y activaciones de celulares de agentes cerca del edificio— y en cruces telefónicos que involucran a altos funcionarios de la época, como el exministro de Seguridad Sergio Berni y el exjefe de la AFI Oscar Parrilli.
En 2025, se citaron a declarar a unos 300 espías de una supuesta "SIDE paralela", vinculados a movimientos en las inmediaciones de Puerto Madero el fin de semana del 18 de enero.
Documentos desclasificados por orden del presidente Javier Milei en el décimo aniversario apuntan a informantes inorgánicos ("buches") y tareas de espionaje sobre la propia fiscalía que investigaba el caso.
