MundoReforma judicial en Ecuador
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este martes, por amplia mayoría, una nueva Ley de Extradición destinada a agilizar los procedimientos para la entrega de personas requeridas por la Justicia de otros países y reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional. La iniciativa recibió el respaldo de 139 de los 140 legisladores presentes y fue remitida al presidente Daniel Noboa para su sanción u objeción.
La norma actualiza la legislación vigente desde el año 2000, que, según sus impulsores, no contemplaba plazos ni responsabilidades claras para las instituciones involucradas, lo que permitía que algunos procesos se extendieran por más de seis años.
La legisladora oficialista Rosa Torres, ponente del proyecto, explicó que la nueva ley establece un plazo de hasta 45 días para determinadas etapas del procedimiento y crea una unidad técnica especializada encargada de analizar cada caso con el objetivo de dotar de mayor celeridad a los trámites.
"Lo que estamos haciendo es acortar los plazos, previamente establecer responsabilidades, para que no sean dos años sino que sean 45 días", sostuvo Torres antes de la votación. Agregó que la reforma constituye una herramienta para fortalecer la cooperación internacional en el combate al crimen organizado.
El proyecto también recibió el respaldo de la Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición al Gobierno de Noboa, cuyos legisladores señalaron que, si bien la iniciativa no resolverá por sí sola la crisis de inseguridad que atraviesa el país, representa un avance en materia judicial.
Durante el debate parlamentario se recordó que, en el referéndum celebrado en 2024, la ciudadanía aprobó eliminar la prohibición constitucional que impedía extraditar a ciudadanos ecuatorianos requeridos por tribunales extranjeros.
Esa modificación permitió que en 2025 el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", líder de la organización criminal Los Choneros, se convirtiera en el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde territorio nacional. Posteriormente, otros cabecillas de la misma estructura también fueron enviados a ese país.
La nueva legislación incorpora definiciones técnicas sobre los procedimientos de extradición activa y pasiva, delimita las funciones de las autoridades judiciales y diplomáticas, reduce los márgenes de discrecionalidad en la tramitación de los casos y establece que no procederá la extradición cuando se trate de delitos de carácter político, entre otras excepciones.
Con la aprobación parlamentaria, el texto quedó en manos del presidente Daniel Noboa, quien deberá decidir si promulga la ley o presenta objeciones antes de su entrada en vigor.
Fuente: DW.
