El auge de la ultraderecha y la política de asilo en la UE

El ascenso de la ultraderecha hace que los Estados se muestren reticentes a su recién acordado paquete de reforma del asilo.

Hace menos de seis meses, la Unión Europea firmó un paquete de reformas destinado a subsanar las flagrantes deficiencias de su sistema común de asilo, puestas de manifiesto durante los años de crisis de 2015 y 2016, cuando la llegada de más de un millón de personas desbordó a unas autoridades nacionales mal preparadas.

El Pacto de Migración y Asilo de la UE fue la culminación de casi 10 años de tensas negociaciones. En él, los Veintisiete acordaron medidas para distribuir de forma más equitativa los costos de acogida de los solicitantes de asilo en todo el bloque. Además, reforzaron la protección de las fronteras exteriores para impedir que la gente llegara a la UE.

Ahora, cuando los políticos de ultraderecha ejercen cada vez más influencia sobre los resortes del poder en las capitales europeas, tanto directamente en puestos de Gobierno como indirectamente en la oposición, el Pacto de Migración y Asilo parece más frágil que nunca.

Holanda: la “política migratoria más dura de su historia”

En las últimas semanas, una serie de países que habían contribuido decisivamente a la aprobación del paquete de reforma han anunciado un endurecimiento de sus políticas nacionales de asilo.

El nuevo Gobierno de derechas de Francia, que depende tácitamente del apoyo del partido de ultraderecha Agrupación Nacional, anunció planes para endurecer las fronteras. Por su parte, el Gobierno de coalición alemán, presionado por los recientes éxitos electorales del partido Alternativa para Alemania, anunció que intensificaría los controles en las fronteras interiores de la UE para controlar la inmigración.

La semana pasada, la ministra holandesa de Asilo, Marjolein Faber, del partido de ultraderecha PVV, anunció planes para aplicar la “política migratoria más dura de la historia”. Lo más polémico para los vecinos de los Países Bajos en la UE fue que Faber comunicó a la Comisión Europea que buscaría una cláusula de exclusión voluntaria del Pacto de Migración y Asilo, legalmente vinculante. A los pocos días, Budapest anunció ambiciones similares, lo que hizo temer un efecto dominó.

Retórica frente a realidad

En teoría, es posible obtener exenciones de la legislación de la UE para determinadas políticas, pero conseguirlas requiere el acuerdo de los demás Estados para que se incluyan en las leyes básicas de la UE.

En cualquier caso, Alberto-Horst Neidhardt, del think tank European Policy Center, advierte que hay que distinguir entre la retórica y la realidad: “Cada vez oímos más declaraciones políticas que intentan enviar un mensaje al electorado nacional”, dice Neidhardt. “Yo separaría entre las declaraciones políticas de los Gobiernos en las últimas semanas y el trabajo técnico sobre el pacto, que está en pleno apogeo”.

Camille Le Coz, experta del think tank Instituto de Política Migratoria de París, está de acuerdo con él: “Hay un desfase entre lo que se dice y lo que se hace”. En todo el continente, los Gobiernos están cada vez más interesados en que se les considere “duros” con la inmigración. Muchos políticos temen ser acusados por la opinión pública de aceptar leyes de la UE que impliquen la acogida de más solicitantes de asilo.

Reubicación de refugiados

En los próximos dos años, cada país deberá incorporar los cambios del Pacto de Migración y Asilo a su legislación nacional. Según las nuevas normas, los solicitantes de asilo y los refugiados serán sometidos a un control más exhaustivo en los siete días siguientes a su llegada a la UE. También se permite retener a algunos solicitantes en las fronteras exteriores y evaluarlos mediante un procedimiento acelerado que permita una deportación más rápida en caso de no ser admitidos.

Pero, para políticos de ultraderecha, como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, la parte más polémica de la ley es un mecanismo que obliga a todos los Estados de la UE a acoger a refugiados, con el fin de repartir más equitativamente las nuevas llegadas. Si los Estados miembros rechazan las reubicaciones, que se producirán por miles cada año, deberán pagar una contribución financiera de 600 millones de euros anuales u ofrecer apoyo logístico en su lugar.

Es probable que los Países Bajos, por ejemplo, opten por contribuciones financieras o logísticas en lugar de aceptar las reubicaciones, dice el experto en migración Neidhardt, lo que no sería lo mismo que una salida real del Pacto, algo que llevaría años negociar. Por lo tanto, asegura Neidhardt, “Holanda sigue vinculada a las normas que se acaban de acordar”.

Fuente: DW.