Morales admitió su injerencia en la justicia boliviana y sobre el caso de la expresidenta Jeanine Áñez

El líder cocalero impulsó un juicio de ordinario en lugar de uno de responsabilidades durante una reunión en la que participaron el actual mandatario Luis Arce, su vice David Choquehuanca y el ministro de justicia, Iván Lima.

Después de haber admitido que vive de incendiar bosques, Evo Morales revela ahora que él decidió que la justicia boliviana someta a la expresidenta Jeanine Áñez a un juicio ordinario en lugar de un juicio de responsabilidades, como corresponde.

Todavía humeantes, las 3,3 millones de hectáreas de bosques incendiados este año han sido asignadas a clientes o seguidores de Morales, pero el problema del cocalero es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprueba en La Paz lo sometida que está la justicia boliviana.

Morales reveló que el futuro de la señora Áñez, presa sin sentencia desde hace dos años, fue definido por él en una reunión de alto nivel: será sometida a un juicio ordinario a pesar de que jueces de El Alto y Sacaba (Cochabamba) sentenciaron que le correspondía un juicio de responsabilidades.

Sin ser presidente desde 2019, Morales impuso ahora su criterio en una reunión con el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el ministro de justicia, Iván Lima, donde este último insistía en que lo correcto sería someter a Áñez a juicio de responsabilidades.

En medio de estas revelaciones acerca del control que tiene el gobierno del MAS sobre todo lo que hace la justicia, una delegación de la CIDH, con su relator José Luis Caballero, acaba de observar que la justicia boliviana solo se ocupó de 4 de las 36 recomendaciones que le había dejado en una visita anterior.

Y que los temas descuidados fueron, casualmente, los que podían haber favorecido a la señora Áñez y el gobierno que ella tuvo que conducir cuando el cocalero Morales renunció y huyó de Bolivia el 11 de noviembre de 2019.

Por ejemplo, dijeron los funcionarios de la CIDH, no hubo ninguna investigación sobre el accionar de francotiradores venezolanos que dispararon a grupos de viajeros que, en esos días, intentaban llegar a La Paz para apoyar las protestas contra la dictadura de Morales. Tampoco investigó la justicia las denuncias sobre el accionar de un grupo de guerrilla armada que estuvo actuando en Montero, Santa Cruz, durante los días de la tensión política de 2019.

Arce y Morales se disputan ahora con fiereza el control de los cerca de mil jueces bolivianos, como parte del enfrentamiento por el liderazgo del MAS.

El presidente Arce logró en estos días el control del Tribunal Constitucional, cuyos miembros decidieron, ante la sorpresa de políticos y jurisconsultos, además de las protestas de Morales, prorrogar ellos mismos sus propios mandatos mientras no se hagan elecciones judiciales.

Además, Arce consiguió que el poder judicial ordene que se haga un nuevo congreso del MAS, con lo que queda nulo el que había organizado Morales y donde fue proclamado como “único” candidato para las elecciones de 2025.

Por su lado, Morales parece decidido a exigir a los jueces que mantengan la mano dura contra quienes él considera los “golpistas” de 2019.

La renovación de todo el poder judicial debía hacerse en elecciones generales, pero las diferencias entre los dos bandos del MAS en el parlamento impidieron que se definiera los detalles de esa elección.

Aparte del odio que siente por la persona que lo reemplazó en la presidencia en 2019, Morales estaría apuntando a conseguir que el gobierno de Áñez sea declarado ilegal y, por lo tanto, quedaría en esa misma condición todo lo que ella hizo, incluida la elección en que fue elegido Luis Arce en octubre de 2020.

Los jueces de El Alto y Sacaba, que se excusaron de llevar adelante el juicio ordinario contra Áñez, advirtieron del riesgo de que la eventual condena de ese gobierno decrete la ilegalidad de absolutamente todo lo actuado en esa gestión.

En ese caso, dicen abogados de la oposición, el parlamento tendría que destituir a Arce y devolver a Morales la presidencia para que concluya su mandato, unos setenta días, y llame a elecciones.

En este complicado juego político, se analiza también la eventualidad de que Morales pueda, o no, presentarse como candidato en esas hipotéticas elecciones que él mismo convocaría.

Por otro lado, si Áñez fuera sometida a juicio de responsabilidades, se estaría abriendo un escenario en que deberían dar testimonio todos los actores de aquel momento, comenzando por el propio cocalero Morales.

Y eso sería lo que él no quiere que ocurra de ninguna manera. Tendría que encarar a los militares que en ese momento asistieron a su renuncia y le ayudaron a huir en un avión enviado por el gobierno mexicano.

Las diferencias en la dirección del MAS, con la tensa rivalidad entre Arce y Morales, tiene paralizada la política boliviana cuando surgen señales de una muy grave crisis económica.

Fuente: Infobae.