Perú, a un año del golpe de Castillo: “Tormenta a la vista”

Un año tras el fallido golpe de Estado y la destitución de Pedro Castillo, Perú se ve sacudido por un escándalo de tráfico de influencias al más alto nivel.

La presidenta Dina Boluarte cumple su primer aniversario en funciones en medio de una situación compleja. Por lo pronto, el gobierno aprobó un decreto que permitirá elevar las penas de cárcel por bloqueo de carreteras y disturbios, un año después del fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Pero no es el depuesto presidente el protagonista de la nueva crisis que vuelve a encender los ánimos en Perú, sino la Fiscalía Nacional y su jefa, Patricia Benavides. Su exasesor, el detenido Jaime Villanueva, reconoció, según el diario El Comercio, de Lima, la autenticidad de unos chats que se filtraron y que dieron pie a una investigación por tráfico de influencias con congresistas. Benavides -quien entretanto anunció una denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales al inicio de su gobierno- afirmó ser víctima de “una calumniosa imputación”. Días atrás, había removido de su cargo a la fiscal Marita Barreto, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), cuando iniciaba una investigación a su entorno cercano.

“La fiscal Barreto, que yo represento, fue removida en pleno cumplimiento de una decisión judicial contra esas personas de extrema confianza de la fiscal nacional”, dijo a DW el abogado Luciano López. “Creo que estamos viviendo un momento bastante crítico en el país, porque el Ministerio Público, la Fiscalía, es una institución básica para el funcionamiento de las instituciones democráticas”, subrayó el abogado constitucionalista.

Dina Boluarte. Foto: Gentileza

“Un escándalo de gran magnitud”

“Tenemos un Estado asaltado desde diferentes posturas, por intereses subalternos, por intereses ilícitos, con poquísimas capacidades de defenderse. En ese contexto, el estallido de la crisis en la Fiscalía es un capítulo más”, observa, por su parte, Daniel Parodi Revoredo, historiador y analista internacional, quien califica lo que ocurre como “un escándalo de gran magnitud”.

Su diagnóstico es contundente: “Tenemos formalmente una democracia, pero tenemos, en la praxis, una suerte de plebiscitarismo populista clientelar, y nuestros representantes responden a este populismo clientelar, con vínculos muy profundos con diferentes sectores relacionados con la corrupción”.

Denisse Rodríguez Olivari, investigadora en el Instituto Universitario Europeo, plantea en diálogo con DW que “lo que ahora tendríamos que tratar de discernir es hasta qué punto este escándalo de la fiscal de la Nación, que ya estaba siendo cuestionada en una serie de movidas anteriores, va a echar abajo dos mega casos de corrupción, el de Alejandro Toledo y el de Pedro Castillo”.

El caso de Pedro Castillo

El propio Castillo, en prisión preventiva desde hace casi un año, reclamó el lunes (04.12.23) al Tribunal Constitucional su libertad y ser restituido en la presidencia. “He sido apresado y se han violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es, de público conocimiento y se demuestra con los hechos, una líder de una presunta organización criminal planeada con altos mandos de la Policía y ciertos grupos de congresistas para acabar con mi gobierno”, dijo en un mensaje virtual, envido desde la cárcel.

El abogado López considera que una cosa no tiene relación con la otra. “Lo que veo es que los hechos lamentables que están sucediendo en el Perú más bien están siendo usados por el expresidente Castillo para tratar de dar esa apariencia de que se actuó indebidamente. Pero él tomó la decisión el 7 de diciembre de disolver el Parlamento a través del famoso discurso que dio por la televisión pública”, subraya. Sin embargo, las investigaciones en su contra, a las que se suman otras por corrupción, están a cargo de la Fiscalía de la Nación. “Por eso es que esta crisis finalmente puede afectar el caso Castillo, y de allí la gravedad de lo que está sucediendo”, acota.

El analista Daniel Parodi también es claro al condenar el intento de cerrar el Congreso hace un año, pero considera que las autoridades judiciales “no son absolutamente confiables” actualmente en Perú. “Una cosa es la responsabilidad evidente que tiene Pedro Castillo al perpetrar un golpe de Estado, y otra cosa es el derecho que tiene, como cualquier ciudadano, a un juicio justo. Y yo no creo que, en las actuales circunstancias, estén dadas las condiciones para que él, efectivamente, tenga un procedimiento justo”.

No obstante, no puede imaginar un escenario en que Pedro Castillo vuelva a la presidencia. “Me parece absolutamente imposible”, afirma Parodi, y explica: “La oposición política al gobierno de Boluarte no tiene como punto prioritario en la agenda la libertad de Pedro Castillo”.

“Erosión de la democracia”

El balance del actual gobierno, en todo caso, no es nada halagüeño, a juicio de los entrevistados. “Desde que la Sra. Boluarte toma la presidencia, se produce una serie de alianzas, alianzas macabras, entre el Ejecutivo y el Legislativo, y comienza una toma paulatina de las instituciones, que socava además el equilibrio de poderes”, apunta Parodi. Denisse Rodríguez Olivari advierte que “estamos a unos niveles de autocracia bastante preocupantes. Sobre todo, porque cuando hablamos de una erosión de la democracia, y no necesariamente de un quiebre de la democracia clásico, esto es mucho más sutil y sofisticado; por eso creo que va a ser muy perjudicial”.

La crisis política no amaina en Perú y, en opinión del abogado López, puede arreciar. “Tenemos una tormenta política a la vista y, entonces, otra vez se va a tener que poner en la agenda ciudadana la necesidad de un adelanto de elecciones. El 2023 estamos terminándolo con un muy mal balance político, y el 2024 va a empezar con esa misma discusión”, vaticina.

Fuente: DW.