Berlín quiere recortar beneficios para solicitantes de asilo

Más deportaciones, beneficios sociales en especie y no en dinero en efectivo, más trabajo comunitario: Alemania se propone endurecer las condiciones para los solicitantes de asilo.

El canciller alemán, Olaf Scholz, habló de un “momento histórico” luego de que el gobierno federal y los jefes de gobierno de los 16 estados federados se pusieran de acuerdo sobre la financiación de los costos de los refugiados y acerca de medidas que endurecen la política de asilo e inmigración en Alemania.

Hasta ahora, los solicitantes de asilo tenían derecho, luego de 18 meses, a prestaciones sociales regulares, pero en el futuro eso será posible después de tres años. Hasta entonces, se aplica la tarifa reducida de 410 euros al mes. Se tendrán en cuenta las prestaciones de comida en alojamientos estatales. De ese modo, escribió en X el ministro alemán de Finanzas, el demócrata-liberal Christian Lindner, “se podría ahorrar una suma de hasta 1.000 millones de euros”, lo cual “no solo aliviaría a los municipios y estados”, sino también “reduciría el atractivo del Estado de bienestar alemán” para los inmigrantes.

También se facilitará que los solicitantes de asilo puedan realizar trabajos comunitarios. A quien llegue como solicitante de refugio a Alemania se le proveerá, sobre todo, de ayuda en especie. Hasta principios de 2024 se elaborará un modelo para el pago con una tarjeta con la que se podrán comprar productos básicos de uso diario sin utilizar dinero en efectivo. Eso limitaría las posibilidades de los refugiados de enviar dinero a personas en sus países de origen.

Investigadores critican el modelo

“El principio de las prestaciones en especie ya se probó en los años 90, y también en 2015, y siempre se comprobó que es simplemente impracticable”, afirma Niklas Harder, del Instituto Alemán de Integración e Investigación sobre Migración, de Berlín. La posibilidad de entregar ayuda en especie ya existe desde hace tiempo, pero los estados no la ponen en práctica porque es mucho más complicado que entregar dinero en efectivo, explica. Las personas que llegan a los centros de primera acogida reciben solo 150 euros, ya que allí se les provee de comida y alojamiento. “Además, el dinero de una tarjeta también puede convertirse en efectivo, si uno quiere”, añade Harder.

La lucha contra los traficantes de personas

Los controles implementados desde octubre en las fronteras con Polonia, la República Checa y Suiza se mantendrán, dijo Olaf Scholz, “durante un largo tiempo”. Los refugiados que quieren llegar a Alemania desde otros países de la UE serán, en lo posible, enviados de regreso a dichos países. Por eso se planean controles con el acuerdo de los países limítrofes ya antes de la frontera con Alemania, como ya se hace en Polonia.

El objetivo es acelerar el procedimiento de solicitud de asilo y limitarlo a seis meses, incluida la apelación ante la Justicia. Especialmente los Länder alemanes, donde gobierna la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), como Baviera, quisieran que los procedimientos de asilo se realizaran en países extraeuropeos, por ejemplo, en África. Pero hay grandes reparos legales, y la propuesta debe ser estudiada. El jefe de gobierno bávaro, Markus Söder, dijo que “lo positivo es que algo se mueve. Lo negativo: que todavía no es suficiente. Tenemos que seguir haciendo presión para limitar la inmigración hacia Alemania”.

Costos de aprovisionamiento

Se decidió otorgar una suma anual de 7.500 euros por refugiado a las ciudades que los acogen. Pero ¿es suficiente? Según el alcalde de Leipzig y vicepresidente de la Asociación Alemana de Ciudades, el socialdemócrata Burkhard Jung, no lo es. La decisión es positiva porque proporciona seguridad financiera, afirmó Jung en la emisora Deutschlandfunk. Pero 7.500 euros es “claramente muy poco”, subrayó.

Ciudades y municipios dan desde hace tiempo la señal de alarma porque se ven sobrepasados. Hasta octubre de 2023 han solicitado asilo en primera instancia unas 220.000 personas en Alemania. Además, aquí viven cerca de un millón de refugiados de guerra ucranianos. La mayoría de ellos vive en alojamientos privados, pero eso no funciona a largo plazo, y entonces deben solicitar vivienda a las autoridades comunales. Un sondeo reveló que para un 60 por ciento de los municipios la situación “es un desafío, pero que (aún) es viable”.

Un 40 por ciento, por el contrario, informan de una “sobrecarga”, y de estar “en modo de emergencia”. 600 de cerca de 11.000 municipios alemanes participaron de esa encuesta, que, según el investigador sobre migración Boris Kühn, no es representativa. Sin embargo, “las cifras permiten hacer una estimación aproximada a escala nacional”, señaló el experto.

De acuerdo con los encuestados, no solo faltan viviendas para los refugiados, sino también vacantes en los jardines de infantes, personal en las oficinas que se ocupan de los solicitantes de asilo, personal para administrar las unidades habitacionales, cursos de alemán, ofertas de asesoramiento, es decir, lo que se describe como “instrumentos de integración”.

Políticos bajo estrés

Casi la mitad de los municipios alemanes utilizan actualmente alojamientos de emergencia, sobre todo, en contenedores con habitaciones como vivienda, y también un seis por ciento de los pabellones de deportes se usan para ese fin. Un 53 por ciento de los responsables políticos dicen que los municipios están “sobrepasados”. Pero solo el 37,5 por ciento de los empleados de los distintos departamentos opinan así. Miriam Marnich, de la Asociación Alemana de Ciudades y Municipios, lo atribuye al creciente descontento de la población con la política migratoria, que llega especialmente a la clase política. Sea como fuere, “muchos ciudadanos dudan de que el Estado pueda cumplir con esta tarea”, explica. Y resalta que “en muchos municipios la integración ya no es posible porque se han agotado los recursos. En términos de personal, pero también en términos de capacidad de acogida”.

Los tres puntos principales que demandan los municipios son: en primer lugar, la limitación de la inmigración hacia Alemania, y, por lo tanto, reducir (o anular por completo) las asignaciones de refugiados para el propio municipio. Luego, recibir más dinero del gobierno y los estados para poder hacer frente a las tareas in situ y, en tercer lugar, garantizar una financiación fiable y a largo plazo. También quieren apoyo para alojar y proporcionar a los refugiados un espacio habitable, así como la promoción de la vivienda social.

Deportaciones: “no hay mucho que ganar en términos numéricos”

Casi una quinta parte de los representantes municipales que participaron en la encuesta desearían más deportaciones. En vista de la importancia que tiene actualmente el tema en la política federal y regional, eso no es mucho, dice el investigador sobre migraciones Kühn. Lo atribuye a que solo una minoría de los refugiados alojados tienen realmente un estatus de tolerancia, o están legalmente obligados a abandonar el país. “Eso significa que, en realidad, no hay mucho que ganar en términos numéricos de esta manera”.

Fuente: DW.