Las chilenas, en alerta por los riesgos de retrocesos de sus derechos en la nueva Constitución

El Consejo Constitucional ha visado dos normas, impulsadas por el Partido Republicano que, según el oficialismo de izquierdas, ponen en riesgo la ley de aborto, tres causales. Una tercera, que proponía paridad en las elecciones, se rechazó aborto en Chile.

El 7 de octubre vence el plazo para que el Consejo Constitucional entregue el borrador de texto de nueva Carta Magna con las enmiendas que realizó al anteproyecto de carácter moderado que, previamente, elaboró la Comisión Experta y que fue acordado en consenso desde el oficialismo del presidente de izquierdas chileno Gabriel Boric hasta la oposición. Son varias modificaciones, buena parte impulsadas por el Partido Republicano, de la derecha radical y conservadora, que se quedó en mayo con 22 de los 50 cupos del Consejo, seguido por 11 de Chile Vamos, de la derecha tradicional y que, según el oficialismo, con 17 asientos, algunas implican regresiones en los derechos de las mujeres.

Desde el oficialismo mencionan la norma aprobada que se refiere al derecho a la vida de quien está por nacer que podría colisionar con la ley interrupción voluntaria del embarazo en tres causales que rige desde 2017 y, otra, la objeción de conciencia que abarca también a las instituciones y que, para la centroizquierda, además del aborto en tres supuestos, podría afectar en la entrega de la píldora del día después. Se suma un artículo, que se rechazó, y que era transitorio, que posibilitaba la paridad para que en las próximas dos elecciones parlamentarias existieran escaños reservados para cualquiera de los géneros que obtuviera menos del 40%.

“Se han consagrado normas que, francamente, son retrocesos para las mujeres”, ha dicho a EL PAÍS la abogada Alejandra Krauss, militante de la Democracia Cristiana, de la centroizquierda moderada, de la Comisión Experta. Ejemplifica con la modificación a la frase de la Constitución vigente, “la ley protege la vida del que está por nacer”, por la que quedó en el borrador, “la ley protege la vida de quien está por nacer”. En cambio, el anteproyecto de la comisión solo hacía mención al derecho a la vida. “Cuando hablas del quien, ya estás hablando de una persona. Hay enmiendas que no solo suponen la vigencia de la Constitución de 1980 que hemos querido cambiar por décadas, sino que mucho más allá”, dice.

Y agrega, como otra regresión, el rechazo a la norma sobre la paridad: “Se votó en contra argumentando que la meritocracia es la gran herramienta para las mujeres. Esa tesis de la meritocracia ya está superada. Esto tiene que ver con la equidad y justicia, no solo con corrientes feministas única y exclusivamente”. Es además un retroceso, dice la experta y doctora en derecho, Leslie Sánchez, del oficialismo, pues tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional son órganos que tienen una integración paritaria, del 50% por cada género. Por ello, añade, de no haber existido la paridad, “no estaríamos acá”. “La desigualdad política en Chile es histórica, no empezó ayer. Y para achicar esa brecha, tiene que ser con mandatos concretos. No puede ser voluntario”.

Incluso, dos opositoras al Gobierno de Boric se han sumado a las críticas por el rechazo a la paridad. Una de ellas es la consejera por Evópoli, de la derecha tradicional, Gloria Hutt, quien endosó a republicanos la responsabilidad de “cerrar caminos a nuevas líderes”. También Isabel Plá, de la UDI, y exministra de la Mujer y la Equidad de Género del Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022): “¿Por qué tanta resistencia a la paridad? La norma es razonable, transitoria (dos elecciones) y aceleraría la incorporación de mujeres al Congreso. Espero que se reponga en la siguiente fase”

Este el segundo intento de Chile de cambiar la Constitución que nació en 1980 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que ha sido reformada unas 60 veces desde 1989, incluso, desde 2005, lleva la firma del presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006). En septiembre de 2022, un 62% votó en contra de la propuesta de una convención que estaba integrada por una mayoría de izquierda radical y sin militancia. Este nuevo proceso, que se inició en marzo de 2022, ha sido cuesta arriba, pues según la mayoría de los sondeos de opinión pública no goza ni de interés ni de confianza de parte de los chilenos y que la opción de un nuevo rechazo ha ido en alza.

Pero no todo está zanjado, pues vienen otras etapas, aunque con escaso margen de negociación. Por ello, ante el escenario adverso, la clase política intenta contra el reloj salvar el proceso. Y lo que se vivirá a partir del 7 de octubre será clave. De acuerdo con el procedimiento del proceso, cuando el texto final sea entregado por el Consejo Constitucional, la Comisión Experta debe hacer un informe en el que puede hacer observaciones. Si no hay quórum, se conforma una comisión mixta.

El que, el quien y el aborto

Para republicanos, el cambio del que por el quien no es una modificación de fondo, sino que repone lo que señala la Constitución vigente “subrayando que quien crece en el seno materno, es alguien”, ha dicho su consejero, el abogado Luis Silva. Esto, mientras Beatriz Hevia, abogada y presidenta del Consejo Constitucional, del mismo partido, enfatizó que “el tema aborto se tiene que zanjar en el Congreso” y que en la propuesta “nosotros no estamos haciendo ningún cambio que pueda afectar la ley de aborto en tres causales”.

Pero en la interpretación de las abogadas del oficialismo que integran el proceso constitucional, el nuevo enunciado sí pone en riesgo la ley de aborto, tres causales. “Al hablar de la vida de quien está por nacer, reconoce titularidad de derechos al embrión, yendo más allá de la Constitución de 1980”, ha dicho Verónica Undurraga, presidenta de la Comisión Experta, independiente por el Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, y especialista en constitucionalismo comparado y derechos humanos. Se ha sumando Antonia Rivas, de Convergencia Social, la misma colectividad de Boric: “Las mujeres en este borrador somos consideradas como aquellas que cuidan, las encargadas de la reproducción, personas a las que se nos veda el impulso para la participación política”, dijo en una entrevista en La Tercera.

Incluso, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de la UDI, la principal carta presidencial de la derecha tradicional, quien según las encuestas supera ampliamente en las preferencias al líder republicano José Antonio Kast, ha levantado la voz: “A mi juicio, no tiene ningún sentido tocar el aborto en tres causales”. Lo ha dicho en dos entrevistas que concedió hace una semana, en las que, además, advirtió que el proceso constitucional “va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final, lo más parecido posible al texto de los expertos”, pero que, aun así, dice que desea que se apruebe.

Objeción de conciencia institucional

La aprobación de otra norma también ha suscitado una discusión jurídica, técnica y política en Chile. Es “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.

La controversia de la enmienda está en la ampliación a la conciencia institucional, que en Chile hasta ahora solo se aplica en la ley de aborto tres causales. “Habilita que las farmacias se nieguen a distribuir la píldora del día después”, dijo que el comisionado socialista Flavio Quezada, quien advirtió también otros efectos que, señaló, podrían afectar a las diversidades sexuales. “Afecta en forma desproporcionada a las mujeres. Fuera del ámbito clásico de la objeción en el ámbito militar, típicamente las objeciones de conciencia buscan evitar la prestación de servicios de salud y reproductivos para las mujeres. Se objeta a prescribir anticoncepción, a esterilizar y a la interrupción legal de embarazos”, agregó en el debate del pleno Verónica Undurraga.

Y, en una columna en El País, de Luis Eugenio García-Huidobro, abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), alertó que la objeción de conciencia institucional “no se circunscriben únicamente al aborto y son sumamente difíciles de anticipar”, sino que “consagra el derecho de las instituciones (personas jurídicas o morales) a oponer una objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento de mandatos jurídicos, prerrogativa que se reconoce como parte del núcleo esencial de la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.

El proceso constitucional chileno culmina el 17 de diciembre, cuando el texto final sea sometido a un plebiscito.

Fuente: El País.