Los refugiados de Ucrania que deberán partir de Países Bajos

Cuando Rusia invadió Ucrania, los Países Bajos recibieron a quienes huían de la violencia, independientemente de su nacionalidad. Pero, ahora, miles enfrentan un futuro incierto.

Mariam Adeshoga llegó a Kiev en 2019, y se sintió segura. La programadora de computación, de 30 años y oriunda de Nigeria, obtuvo una visa de estudiante para hacer un máster. Vivió con estudiantes ucranianos, estudió el idioma y la cultura, y pensó que allí estaba su futuro. “Nunca planeé dejar Ucrania”, dijo a DW. Pero luego “todo se desvaneció” cuando Rusia inició su agresión bélica, el 24 de febrero de 2022.

Después de días de angustia, logró cruzar la frontera polaca y llegó finalmente a Ámsterdam, el 2 de marzo de 2022. La fecha coincidió con la decisión de la Unión Europea de activar por primera vez su Directiva de Protección Temporal, de 2001, para ayudar con rapidez a todos los que escapaban de la guerra en Ucrania, ahorrándoles el procedimiento de solicitud de asilo. El Gobierno neerlandés optó por la interpretación más liberal de dicha directiva, recibiendo a todas las personas procedentes de Ucrania, sin distingo de sus países de origen.

Adeshoga y otras personas oriundas de terceros países recibieron la misma asistencia que cualquier refugiado llegado de Ucrania con nacionalidad ucraniana, incluyendo alojamiento, atención médica, permiso de permanencia y acceso a la educación.

Fin de la acogida

Pero, ahora, el Gobierno ha resuelto que cerca de 3.000 personas en esa situación, que no tenían derecho de residencia permanente en Ucrania, deberán abandonar los Países Bajos. Dejarán de contar con derechos y beneficios a partir del 4 de septiembre. Inicialmente, se había proyectado aplicar la medida en marzo, pero se pospuso por seis meses.

El Servicio de Inmigración y Naturalización, que es parte del Ministerio de Justicia y Seguridad, explicó que se había “abusado” de ese sistema de acogida. “Es extremadamente importante para nosotros dar protección a gente que no está segura en su propio país. Pero, al mismo tiempo, no queremos desbordar los municipios”, dijo el ministro de Migración, Eric van der Berg. Varias solicitudes de DW de entrevistar al ministro no recibieron respuesta favorable.

El Gobierno de los Países Bajos ofreció 5.000 euros a las personas afectadas para que dejaran el país voluntariamente; la única otra opción sería solicitar asilo mediante el sistema común. Para ello, tendrían que demostrar que sus vidas corren peligro en sus países de origen.

“Receta para el caos”

“Yo no diría que es una forma apropiada de abordar esto”, dice la abogada Lotte van Diepen, del bufete Everaerts, de Ámsterdam. “Yo diría que es una receta para el caos”.

Van Diepen representa a algunos afectados que, como Mariam Adeshoga, intentan permanecer en el país. Piensa que aquellas personas, amparadas inicialmente por la Directiva de Protección Temporal, siguen teniendo derecho a quedarse si no han violado la ley neerlandesa u otras disposiciones del mecanismo.

Uno de los argumentos de Van Diepen es que el Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, fue el que activó la directiva y, por lo tanto, también le correspondería dejar sin vigor los derechos que contempla. “No es prerrogativa del ministro decidir cuándo termina. Hay disposiciones en la directiva que estipulan en qué condiciones puede terminar la protección temporal, y esos supuestos no son aplicables, al menos no en mis casos”, explica.

Protestas y peticiones

Algunos afectados se han unido, han organizado manifestaciones y han emprendido una petición en línea, apelando al Gobierno para que reconsidere su decisión.

“Nuestro estatus previo en Ucrania, ya sea por trabajo o estudios, no debería minimizar lo que sufrimos debido a la guerra, ni la magnitud de nuestras penurias”, afirman en una carta abierta. “La protección debe basarse en criterios humanitarios y no en los tecnicismos de los documentos, el pasaporte o los antecedentes de cada uno”, sostienen.

Los tribunales neerlandeses están estudiando si el Gobierno tenía derecho a tomar esta decisión, pero su veredicto no estará disponible antes del 4 de septiembre.

Fuente: DW.