Feminicidios: una lacra estructural que atiza Colombia

El asesinato de la expatinadora colombiana y campeona mundial Luz Mery Tristán presuntamente por su pareja el pasado fin de semana en Cali, Colombia, ha puesto de nuevo el foco en la violencia hacia las mujeres en este país. Según Observatorio Feminicidios Colombia, en lo que va de año se han producido 134 feminicidios, con los departamentos de Antioquia y el Valle del Cauca como zonas con mayores casos. Unas cifra que evidencian las fallas estructurales ante estos delitos, según detallan los expertos.

“El feminicidio constituye tal vez la máxima violación de derechos humanos contra las mujeres”, dice a DW María Cristina Hurtado, abogada y politóloga feminista. “Hay un soporte cultural que está presente y es un modelo patriarcal que ha terminado por dañar y apropiarse del cuerpo, de la vida y de la integridad de las niñas, mujeres y adolescentes”, sostiene.

Falta de diagnóstico

Si bien en Colombia existen protocolos para determinar el riesgo feminicida y un marco regulatorio ante las violencias contra las mujeres, la llamada Ley 1257 del año 2008, -y que obliga a las autoridades a investigar la violencia tanto física, psicológica como sexual que se produce en el núcleo familiar o de pareja-, las medidas de protección reales distan de cumplir con este objetivo.

Según señala Hurtado, que además fue partícipe en la construcción de la ley, “una institucionalidad débil llena de imaginarios y de prácticas sexistas y discriminatorias” dificultan asociar las violencias intrafamiliares con los feminicidios. En lugar de eso, dice, “se traslada la responsabilidad a las mujeres, y poco y nada se habla de la responsabilidad social y cultural que tienen los hombres”.

Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Justicia para Todas -antes Fundación Feminicidios Colombia- apunta a que hace falta hacer un diagnóstico más allá de las cifras, apartándose de la visión reduccionista que existe de los feminicidios, con un enfoque transversal que indague en las causas y que ponga a los hombres en el debate.

“La estrategia del Estado siempre ha sido decirles a las mujeres que denuncien. Pero las personas que cometen los delitos son los hombres y a ellos no se les habla. Cuando no se les interpela se les está diciendo que tienen toda la razón en lo que hacen”, dice Roncancio Alfonso a DW. “No podemos hacer un proceso de paz con los hombres, pero sí hay que sentarse con ellos y determinar cuáles son las causas, que están relacionadas no solamente con la socialización, si no con otros factores más allá de la socialización familiar”.

Una “narrativa feminicida”

Hurtado, que también es consultora independiente en derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, señala un modelo de dominación basado en el amor romántico, sumado al consumo masivo de pornografía como factores que contribuyen a los feminicidios.

“En las narrativas de los feminicidas, lo que más encontramos es que ‘si no era para mí, no era para nadie’, una máxima que se repite en toda Latinoamérica, donde se socializa hombres, niños y adolescentes a través de prácticas violentas, de la explotación sexual de mujeres y de niñas, y que desde muy temprano les enseñan que el cuerpo de las mujeres se puede comprar y dañar”, explica Hurtado.

En este sentido, la directora de la Fundación Justicia para Todas, recalca que más allá de enfocarse en los niños, también hay que hacerlo en los adultos, puesto que los menores copian las conductas que los rodean y exige al Estado una visión diferente. “No nos podemos seguir recostando en el derecho penal buscando una salida a una cosa que es estructural”, sostiene Roncancio Alfonso.

Obstáculos en el sistema

Desde ONU Mujeres en Colombia señalan a DW barreras tanto objetivas como subjetivas en los sistemas de protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Por un lado, las propias condiciones estructurales del sistema de justicia del país, desde retardos en el proceso judicial hasta una falta de capacitación y sensibilización en materia de atención a víctimas de violencia de género; y, por otro lado, la presencia de estereotipos de género que inciden de manera negativa en el momento de brindar atención y desarrollar el proceso judicial.

“Es el Estado el primer responsable de garantizar una atención integral a las familias, especialmente a los niños y niñas, que sufren como consecuencia del feminicidio de su madre”, dice este organismo a DW, e insiste que debe darse una respuesta multisectorial, tanto en servicios sanitarios, policiales, judiciales y sociales, para que la atención a las víctimas y a sus familiares sea efectiva.

En 2022 se registraron 259 feminicidios, según el Observatorio de Feminicidios Colombia. Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país informó hasta 19.606 casos de violencia intrafamiliar entre enero y mayo de 2023, con Bogotá, Medellín y Cali como las localidades con más casos.

Fuente: DW.