La Iglesia Católica en Nicaragua vive su año más difícil: 127 agresiones por parte del régimen de Daniel Ortega

Encarcelamiento, exilio y destierro a sacerdotes y otros religiosos se han vuelto usuales en esta ofensiva.

El 2022 registró un pico inédito de agresiones del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia católica en Nicaragua, según un estudio presentado esta semana por la investigadora independiente Marta Patricia Molina.

“Los ataques a la iglesia van incrementado, y esto se debe que la iglesia como institución es el último bastión que ha quedado en la lucha cívica en Nicaragua y la dictadura la está viendo como una amenaza, porque los sacerdotes y obispos siguen denunciando las arbitrariedades que se están cometiendo”, explica Molina.

De acuerdo a este informe, desde el 2018 a octubre de 2022 se acumulan 396 agresiones contra la iglesia católica de Nicaragua, de las cuales 127 ocurrieron este año. La autora hace notar que desde 2018, cuando se produjeron multitudinarias marchas de protestas contra el régimen de Ortega, hasta 2021 se observó un descenso en las agresiones. Sin embargo, a partir de 2022 se registró un aumento inusitado que lo convirtió en el peor año de la iglesia católica en el país.

El recuento de agresiones se realiza, explica la investigadora, de los hechos comprobados informados por los medios de comunicación, y van desde pintas ofensivas en los templos, profanaciones e insultos, hasta amenazas de muerte, ataques armados, encarcelamientos, destierro de religiosos, y prohibición de actividades religiosas, entre otras.

Dice Molina una de las agresiones que más la impresionó fue el ataque con ácido sulfúrico que sufrió el sacerdote Mario Guevara, mientras atendía confesiones en la Catedral de Managua, el 5 de diciembre de 2018. “Para mí fue el hecho más dolorosos porque es un sacerdote que personalmente conozco y fui a visitar en su situación de gravedad. Vi como quedó dañado todo su rostro, los brazos y las piernas”.

Este año también se registró un cambio notorio en el tipo de agresiones. “La forma que ellos están atacando es diferente, antes estaban más enfocados en los robos, las profanaciones, las pintas y ahora se están enfocando en los procesos penales, los cierres de los medios de comunicación y los organismos sin fines de lucro católicos”, dice.

El destierro y exilio de religiosos ha sido una de las represalias más comunes del régimen. Existe registro de 11 religiosos exiliados, uno de ellos es el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez. Otros dos religiosos han sido expulsados del país: el entonces nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, el 6 de marzo de este año, y el sacerdote Luis Carrillo, el 16 de octubre de 2020.

A otros ocho sacerdotes se les le ha impedido entrar a Nicaragua y a uno más se le impidió salir del país.

Diez religiosos han sido encarcelados, de ellos siete son sacerdotes, dos seminaristas y un diácono. Dos de los sacerdotes ya cumplen condena impuesta por un juez. “A todos se les han vulnerado sus garantías constitucionales y del debido proceso”, anota el informe.

El documento presenta algunos testimonios de sacerdotes encarcelados y posteriormente expulsados del país. “Vos vas a salir de aquí hoy, y quiero que le des gracias al comandante (Daniel Ortega) y la compañera (Rosario Murillo), pues ellos respetan a los sacerdotes. Porque si por mi fuera saldrías de aquí en bolsa negra”, le habría dicho un policía a un sacerdote que pidió el anonimato. “Luego de eso me dijo: “toma tu pasaporte”. Abrió la puerta y lo lanzó al suelo. Yo lo recogí. Entonces, me gritó: “Cuando regresés, si es que sucede, ya sabés que de aquí salís de dos formas: o en una bolsa o directo a la cárcel”.

El informe clasifica como “secuestrado” al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra desparecido desde hace más de cien días, luego que la policía allanara el Palacio Episcopal de Matagalpa donde vivía y se lo llevara a Managua bajo “retención domiciliar”, una figura que no existe en el Código Penal de Nicaragua. Desde entonces se desconoce su paradero. La Fiscalía no ha iniciado proceso contra el obispo.

El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, ha dicho que visitó a Álvarez y se limitó a declarar que “está bien”, sin especificar dónde se encuentra y las condiciones de su retención.

Molina señala que el número de agresiones a la iglesia católica de Nicaragua podría ser mayor a la que registra el informe porque muchos religiosos optan por no denunciar. “La mayoría de los sacerdotes y obispos están optando por el silencio y las denuncias se hacen públicas cuando la presión social lo exige. Conozco robos, profanaciones, amenazas en contra de los sacerdotes que ellos han optado por no denunciarlas y han pedido que no se incluyan en este informe. Tengo que respetar eso”.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF6), que es una comisión bipartidista del gobierno federal de Estados Unidos, recomendó en su reporte anual 2022, “mantener a Nicaragua en la lista especial de vigilancia del Departamento de Estado de los Estados Unidos por cometer o tolerar violaciones graves de la libertad religiosa de conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional que vigila el derecho universal a la libertad religiosa o de culto en el exterior”.

También aboga por “imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios del gobierno de Nicaragua responsables de la violencia y otras acciones punitivas contra los lugares de culto, líderes religiosos y organizaciones mediante el congelamiento de los activos de esas personas y/o la prohibición de su entrada a los Estados Unidos bajo derechos financieros y financieros relacionados con los derechos humanos”.

Este miércoles la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un “Mensaje de Adviento 2022″ en el que expresa su alegría por “la recuperación creciente de la presencialidad en nuestras actividades pastorales” y su preocupación por “el acontecer social, político y económico de nuestra patria”, sin mencionar las agresiones a la Iglesia y el caso de monseñor Álvarez, cuya firma debía estar al final del comunicado, al lado de los otros obispos.

“Me preocupa el silencio de la Conferencia Episcopal. Yo, como católica, quisiera ver a una Conferencia Episcopal más activa denunciando todas las arbitrariedades en contra de la iglesia católica y que llamen las cosas por su nombre”, dice la investigadora Molina.

Dice, sin embargo, que aun con los golpes recibidos, ve una iglesia “fortalecida” que está actuando con prudencia. “Esta prudencia está justificada porque quien debería ser el garante y protector de los derechos humanos es precisamente quien los está vulnerando y en este momento la Iglesia se está enfrentando con una dictadura nefasta, asesina y criminal”, afirma.

Fuente: Infobae.