La grave falta de movilidad social que Lula y Bolsonaro ignoran en la campaña electoral de Brasil

El tema de la movilidad social es el gran ausente de esta campaña electoral brasileña. De hecho, ningún candidato a la presidencia de Brasil lo ha mencionado explícitamente, ni en el programa presentado, como exige la ley, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), ni en las decenas de mítines de los últimos días. Sin embargo, en un país como Brasil, el último de América en abolir la esclavitud en 1888 y uno de los primeros en cuanto a desigualdades sociales, éste tendría que ser el horizonte en el que debería moverse cualquier campaña política, no sólo ésta.

El programa de Jair Messias Bolsonaro habla de “acelerar el proceso de lucha contra la desigualdad e implementar nuevas acciones que incluyan la tecnología y la educación y que tengan en cuenta las características regionales”. Luiz Inácio Lula da Silva, por su parte, defiende “un programa Bolsa Familia renovado y ampliado que recupere las principales características del proyecto que se ha convertido en una referencia mundial en la lucha contra el hambre y el trabajo infantil, en la dirección de un sistema universal y una renta mínima de ciudadanía”.

En esta carrera electoral hacia el balotaje del 30 de octubre, tanto Lula como Bolsonaro han preferido centrarse en medidas de emergencia y no en planes estructurales capaces de ayudar a transformar la estructura social del país a medio y largo plazo.

Bolsonaro ha acelerado los programas existentes, como el Auxilio Brasil de 600 reales, unos 115 dólares, permitiendo a las mujeres retirarlo por adelantado antes de las elecciones. Su gobierno también tiene la intención de pagar a los taxistas un mes más de subsidio de 1.000 reales, unos 200 dólares.

Lo mismo ocurre con el “Auxilio caminhoneiro”, un subsidio para los camioneros, cuyo pago se ha adelantado del 22 de octubre al 18. Estos dos últimos subsidios se asignaron poco antes del inicio de la campaña electoral y actualmente están en el calendario hasta finales de diciembre.

El gobierno actual ha declarado que hará todo lo posible para que sean permanentes. “No veo ningún problema en perpetuar esta política, no creo que sea imposible que ocurra aunque está claro que dependerá de la situación económica de Brasil y del mundo”, había dicho en agosto José Carlos Oliveira, ministro de Trabajo y Bienestar.

Lula había comentado con dureza la iniciativa del gobierno. “Bolsonaro repartirá 41 mil millones de reales, unos 8 mil millones de dólares hasta diciembre”, había dicho el ex presidente, “porque piensa que el pueblo es ganado, que el pueblo sigue a su dueño cuándo otorga”.

Por su parte, en esta campaña electoral Lula se limita a decir que garantizará “la comida, el trabajo y el aumento del salario mínimo, que subirá todos los años”, pero no explica cómo mientras sigue negándose a presentar un plan económico.

Si bien los diversos subsidios, en primer lugar el para las familias pobres, que Lula también quiere mantener, crean una transferencia de ingresos en muchos casos necesaria para la supervivencia, no han logrado garantizar una verdadera transformación de la sociedad a lo largo de los años. Para Cecilia Machado, profesora de la Fundación Getulio Vargas, “los dos programas de subsidios de Lula y Bolsonaro son genéricos. Son políticas que prestan poca atención a los niños en situación de vulnerabilidad, que necesitan importantes inversiones en la primera infancia para que puedan acumular capital humano y así poder incorporarse al mercado laboral de forma productiva”.

Por eso, los dos candidatos deberían leer atentamente los datos de una innovadora pesquisa sobre movilidad social e intergeneracional en Brasil realizada por un grupo de entusiastas investigadores de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) en colaboración con la Universidad Bocconi de Milán, en Italia.

La investigación utilizó bases de datos con información sobre más de un millón de brasileños nacidos entre 1988 y 1990 y sus respectivos padres. Y por primera vez en la historia de Brasil, el equipo de expertos tuvo acceso a los datos sobre los ingresos de la población de la “Receita Federal”, el organismo recaudador de impuestos. Lo que descubrieron fue que los nacidos en una familia pobre en Brasil sólo tienen un 2,5 % de posibilidades de llegar a lo más alto de la escala social. “Lo que quedó muy claro en nuestro análisis”, explicó a Infobae uno de los investigadores, Breno Sampaio, “es que el discurso en Brasil de que sólo hay que esforzarse para construir una posición social no se refleja en la realidad”.

Las causas de esta ausencia de movilidad social y meritocracia son varias, en primer lugar la calidad y el acceso desigual a la educación. “En comparación con países como Estados Unidos o Europa, en Brasil el factor educación condiciona más la movilidad social, aunque evidentemente pueden intervenir otros factores”, explica Sampaio. La investigación también tuvo en cuenta los parámetros de las diferencias de género y raza y descubrió que “si se analizan dos familias que viven en el mismo municipio con los mismos ingresos, los datos revelan que los que son blancos y varones tienen mayor ascendencia social que las que son mujeres y negras”.

Basta con decir que en Brasil sólo hay una mujer negra como CEO, Rachel Maia, y que ha tenido tanto éxito que ha alcanzado el éxito internacional y ha dirigido multinacionales del calibre de Lacoste y Pandora. En la actualidad, Maia ha creado el proyecto Capacita-me, que ayuda a las mujeres a salir de la desigualdad social y a desarrollar su potencial como microempresarias. “Vivimos en un país racista y, sin embargo, representamos el 56% de la población”, dijo a la prensa brasileña, “tenemos que permitir que la gente se desarrolle y no tener miedo de que asuma un papel”.

Pero para que la realidad que construye Maia con su proyecto sea una realidad para todo el país, se necesitan políticas sociales estructurales. “Nuestra investigación es sólo el comienzo de un proyecto que puede extenderse desde el nivel macro, como hemos hecho hasta ahora, hasta el nivel micro, incluso de barrio”, explica Sampaio, “y puede ayudar realmente a la implementación de políticas públicas a nivel local y nacional”. Un caudal de datos, éste, que la comunidad científica espera que no sea desperdiciado por el próximo gobierno.

Fuente: Infobae.