ONU: aprueban renovar la misión que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El proyecto, impulsado por 39 países, indica que “es valioso renovar el mandato” para contribuir a la rendición de cuentas de la dictadura de Nicolás Maduro

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la renovación por dos años de la misión que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El proyecto, impulsado por 39 países, indicó que “es valioso renovar el mandato de la misión para contribuir a la rendición de cuentas. Es una renovación técnica de mandato”, explicaron las naciones que presentaron la resolución. Recibió 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones.

De los latinoamericanos que tienen voto en el Consejo, Brasil y Paraguay acompañaron el proyecto; Argentina, México y Honduras se abstuvieron; y Bolivia, Cuba y Venezuela lo hicieron en contra.

En el debate previo a la votación hubo un momento de tensión en la sala. “Es importante tener un informe equilibrado y medido. En los informes, la misión documentó abusos de derechos humanos, tratos inhumanos y degradantes”, expresó la embajadora estadounidense. Su par de Venezuela la interrumpió violentamente y pidió que su país sea “respetado”. Luego se permitió que la norteamericana continúe su exposición, en la que ratificó el trabajo de la misión independiente.

Tras la palabra de la representante del gobierno de Joe Biden, hablaron los embajadores de Bolivia y Cuba. Ambos, aliados del régimen de Nicolás Maduro, rechazaron cualquier intento de renovar la misión de investigación independiente de la ONU. Lo mismo ocurrió con la exposición del representante de China, quien tildó de “injerencista” el trabajo de la misión independiente.

En tanto, la delegación de Paraguay destacó los informes de la misión y de la ex Alta Comisionada Michelle Bachelet. “Reconocemos avances y procesos de diálogo en Venezuela pero esta es una propuesta que pone a las víctimas en el centro. (…) Venezuela, como miembro de este consejo, debe cooperar plenamente con todos los mecanismos, así como implementar las recomendaciones de la ONU”, expresó.

Luego expuso el embajador del régimen de Maduro. Rechazó el proyecto de resolución L.41, lo definió como “hostil” y criticó a los medios de comunicación, que “llevan semanas esperando la aprobación”. “Se juega nuevamente con la imposición y no con la negociación”, acusó.

Por su parte, el embajador de Argentina dijo que el país está preocupado por la situación de los derechos humanos en Venezuela; mientras que la delegación de Cuba volvió a tomar la palabra para explicar su voto: “Esta no es una iniciativa regional”, dijo.

La resolución L.41 presentada con el apoyo de 39 países condenó las graves violaciones de DDHH en Venezuela y pidió la renovación por dos años más el mandato de la Misión Independiente de la ONU que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

Los firmantes del documento analizado este viernes en el Consejo de DDHH en Naciones Unidas son: Albania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Irlanda, Islandia, Israel, Grecia, Guatemala, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido de Gran Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos y Uruguay.

Las naciones indicaron que acogen con “satisfacción los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela” y expresaron “su preocupación por las continuas y graves violaciones, y abusos de los derechos humanos en Venezuela”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Infobae

Dentro de esas graves violaciones, enumeraron el “impacto desproporcionado en los derechos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores y las personas con discapacidades”, y que “más de 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país” por la profunda crisis.

Luego subrayaron la convicción de que sólo un camino pacífico y democrático es la solución a la actual crisis en Venezuela y que dicha solución “está en manos del pueblo venezolano”.

Los países condenaron “enérgicamente todas las violaciones y abusos de derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales, según la Misión Internacional de Investigación, pueden constituir crímenes de lesa humanidad”.

En otro orden, instaron al estado de Venezuela a que aplique las recomendaciones contenidas en los recientes informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, expresaron su profunda preocupación por la “continua erosión del Estado de Derecho y la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales”; al tiempo que condenaron enérgicamente “la represión y la persecución generalizadas por motivos políticos, incluso mediante el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

En otro ítem, instaron a Venezuela a que “libere inmediatamente a todos los presos políticos y todas las demás personas privadas de libertad de forma ilegal o arbitraria”; y pidieron que la Oficina del Alto Comisionado y la Misión Internacional Independiente de Investigación cuenten con todos los recursos necesarios y con el apoyo administrativo, técnico y logístico para llevar a cabo sus respectivos mandatos.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Nicolás Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar.

Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.

El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.

En ese sentido, los investigadores de la ONU detallaron las funciones y contribuciones de varios funcionarios del régimen chavista en los distintos niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.

“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, señaló Martha Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, agregó.

En sus informes anteriores, la Misión ya había destacado el significativo rol de los dos servicios de inteligencia militar y civil del régimen chavista, en particular la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la comisión de violaciones de derechos humanos desde 2014.

La reacción de Human Rights Watch

La directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, indicó en Twitter que “la justicia es lenta, pero llega. Los responsables de abusos serán llevados ante la justicia”.

También repasó que, de América Latina, “votaron a favor Brasil y Paraguay. Vergonzosa abstención de Argentina, presidiendo el Consejo, Honduras y México. Previsible, en contra: Bolivia, Cuba y Venezuela”.

“El régimen amenazó con entorpecer la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y posibles afectaciones en las negociaciones. A pesar de esta actitud de matones, la comunidad internacional se paró del lado de las víctimas del régimen de Maduro”, resaltó.

Luego indicó: “La resolución fue apoyada por cerca de 50 países del mundo, incluyendo de las Américas Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, EEUU, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Notables ausencias, que habían apoyado a la Misión anteriormente, Argentina, Colombia, Honduras, Guyana y Perú. La resolución también extendió el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para monitorear la situación de Derechos Humanos en Venezuela. La oficina cuenta con presencia en el terreno con el objetivo de documentar abusos y prestar asistencia técnica”, concluyó.

Fuente: Infobae.