El temor de las mujeres en el único país de la Unión Europea donde el aborto es ilegal

Sola, sentada en el baño de su casa familiar, María secretamente googlea información sobre el aborto en su teléfono.

María, que prefiere mantener su nombre real en el anonimato, acaba de enterarse de que está embarazada. “Tenía miedo”, confiesa.

“No sabía cómo actuaría la policía. Pensé que tal vez buscaban a personas que googlearan la palabra aborto. Obviamente, te vuelves paranoica y tus pensamientos van en todas las direcciones”.

María habla de forma anónima porque violó la ley al tomar pastillas que obtuvo a través de una organización con sede afuera de Malta, donde reside.

“Completé un formulario que un médico revisó. Luego recibí un correo electrónico para comprar las píldoras”. María afirma que se sintió muy sola, pero la verdad es que no lo está.

Los activistas a favor del aborto creen que cada vez más mujeres están haciendo exactamente lo que hizo María. El número de mujeres que recurren a esta opción ha aumentado después de que el Covid volviera más difícil viajar al extranjero para interrumpir embarazos.

Prohibido incluso en caso de violación e incesto

Según cifras de dos organizaciones sin fines de lucro, se calcula que se ordenaron más de 350 paquetes de píldoras para abortar en Malta en 2021. Estas píldoras se pueden tomar hasta la semana 12 de embarazo.

Esto a pesar de que el aborto es un delito que se paga con prisión en este país: una mujer enfrenta hasta tres años de cárcel y un médico hasta cuatro, además de perder su licencia médica. Sin embargo, los medios malteses aseguran que ninguna mujer ha enfrentado cargos penales en años.

Es el único estado miembro de la Unión Europea que prohíbe totalmente el procedimiento, sin excepciones. Está prohibido incluso en casos de violación o incesto.

El año pasado, ninguno de los principales partidos políticos de Malta apoyó un proyecto de ley para despenalizar el aborto, pero los activistas esperan que una revisión de la ley, junto con cambios en las actitudes sociales, puedan impulsar un cambio.

“Cualquier cosa que se esté mirando es una bocanada de aire fresco”, afirma la activista Maya Dimitrijevic, quien agrega que es un secreto a voces que muchas mujeres obtienen píldoras para abortar del extranjero.

Cada vez menos tabú

Su madre, Lara Dimitrijevic, fundó la Fundación de Derechos de la Mujer, un grupo de apoyo y defensa en Malta. Ambas creen que, poco a poco, el tema se está volviendo menos tabú. “Necesitamos que pase el tiempo”, asegura Lara. “Hasta hace unos años, ni siquiera yo misma habría dado una entrevista así ni hubiera hablado sobre el aborto tan abiertamente”.

Lara también es la abogada de Andrea Prudente, cuyo caso hizo que el gobierno revisara la ley. Andrea es una turista estadounidense que sufrió un aborto espontáneo incompleto mientras estaba de vacaciones en Malta.

A pesar de que les dijeron que el embarazo era inviable y que el bebé no podría sobrevivir, los médicos no interrumpieron el embarazo porque todavía había un latido cardíaco.

Por temor a la aparición inminente de una infección potencialmente mortal, Andrea Prudente fue trasladada en avión a España. Ella y su esposo Jay ahora planean demandar al gobierno maltés. El caso atrajo la atención internacional y puso las leyes de Malta en la mira.

La mayoría aún en contra

El gobierno anunció una revisión, pero hay pocos detalles sobre esto. “La ley maltesa debería ayudar a los médicos a hacer su trabajo”, aseguró en junio el ministro de Salud, Chris Fearne. “Y ciertamente no debería haber ninguna parte de la ley que impida que los médicos o profesionales salven vidas”, añadió.

La BBC contactó al equipo de Chris Fearne para una entrevista, pero no recibió respuesta. Muchos esperan que si sucede un cambio sea muy limitado y pocos creen que el avance llegue hasta la despenalización.

Incluso aunque la opinión esté cambiando lentamente, particularmente entre los jóvenes, las encuestas sugieren que la mayoría en Malta sigue estando en contra del aborto en este país predominantemente católico.

Durante el verano, se celebran varios festivales religiosos la fiesta de San Sebastián en la ciudad de Qormi. Es allí donde encontramos a Joseph Saliba, de 67 años, quien disfruta de una bebida con su familia. Muchas de las personas con las que hablamos en Malta se mostraron reacias a hablar sobre este tema, pero Joseph no es tímido.

“Soy católico y estoy totalmente en contra del aborto”, me dice. “El bebé no se va a defender solo”. La Iglesia católica condena sistemáticamente el aborto.

Saluda a Christine Azzopardi, que dirige el bar al otro lado de la calle y tiene cinco hijos, algunos de los cuales se apiñan a su alrededor. “Estoy en contra del aborto”, afirma la mujer de 38 años. “Tengo cinco hijos y soy abuela. Me encantan los niños”.

Joseph interviene apasionadamente: “Si ella hubiera abortado, ellos no estarían aquí. Sus hermosos hijos”.

El “doble efecto”

Sin embargo, Joseph sugiere que los médicos deberían actuar si la vida de la madre está en peligro. Los defensores de la ley dicen que eso es lo que sucede bajo lo que se conoce como la doctrina del “doble efecto”.

Esta doctrina establece efectivamente que a veces es aceptable hacer daño, como un efecto secundario no deseado, cuando el objetivo final es hacer algo bueno.

“Cuando las madres se enfrentan a condiciones que amenazan su vida, los médicos pueden intervenir”, asegura Christian Briffa, del grupo juvenil antiaborto I See Life.

Él y su colega, María Formosa, creen que la ley actúa como un elemento disuasorio a pesar de que nadie ha enfrentado cargos criminales en años, y mucho menos ha ido a la cárcel. “Si no fuera por la ley, habría más abortos”, insiste María, de 19 años. “En Malta, afortunadamente, somos uno de los pocos países donde se protege tanto a la madre como al niño”.

Los activistas a favor del derecho a elegir cuestionan el estatus legal y la ética del principio del “doble efecto”. “Es una doctrina. Es hablar”, señala la profesora Isabel Stabile del grupo Doctors for Choice.

“Al final del día, cualquiera que tenga un aborto o cualquiera que ayude a alguien a tener un aborto viola la ley”.

El profesor Stabile, ginecólogo, afirma que estas reglas “bárbaras” también obligan a las mujeres, que necesitan atención posterior al aborto, a decir que han tenido un aborto espontáneo. “Pero qué horrible es eso, decirle a alguien que mienta sobre su condición”.

Confía en que se avecina un cambio legal: “Ciertamente para adaptarse a la situación en la que se encontraba Andrea Prudente donde no había ninguna posibilidad de viabilidad… y donde la mujer ha tomado una decisión muy clara”.

Los activistas dicen que celebrarán incluso un “pequeño paso” y creen que se producirán cambios más significativos en los próximos 10 años. Se espera que la revisión del gobierno se anuncie a finales de este año.

Fuente: El País.