La Fiscalía de Perú abre la sexta investigación por corrupción contra Pedro Castillo

El nuevo caso, por supuesto fraude en la adjudicación de obras, golpea al presidente un día después de la detención de su cuñada.

La fiscal general de Perú ha abierto una nueva investigación, la sexta, contra el presidente Pedro Castillo. La acusación señala al mandatario por corrupción en las supuestas adjudicaciones de obra pública en las regiones de Cajamarca y Lima. La investigación también señala al ministro de Transportes, Geiner Alvarado, uno de los pocos que Castillo ha podido mantener en su gabinete desde el inicio de su Gobierno, por actos en los que participó como titular de Vivienda, cargo que desempeñó desde julio del año pasado hasta el viernes pasado.

La sexta investigación por corrupción que amenaza a Castillo tras su primer año de Gobierno señala que el presidente adjudicó “licitaciones fraudulentas” en la obra pública por casi 30 millones de dólares. La mayoría de las 28 obras fueron aprobadas para la provincia de Chota –de donde Castillo es originario– y la provincia de Cajatambo, en Lima. Esta sexta pesquisa está relacionada con la detención, el miércoles, de Yenifer Paredes, la cuñada del presidente, que es interrogada por las autoridades dentro de la misma investigación.

De acuerdo a la Fiscalía, Castillo es el jefe de la organización criminal que se coludió para entregar obras públicas a empresas de allegados a su familia. Los cabecillas de la trama serían el ministro Alvarado y el alcalde distrital de Anguia, José Medina, amigo cercano del presidente. Alvarado es uno de los cuatro ministros que ha sobrevivido desde el primer gabinete instalado por Castillo al iniciar su Gobierno en julio de 2021. La crisis que enfrenta la gestión del antiguo maestro rural se puede ejemplificar en la altísima rotación su equipo: Castillo ha tenido siete ministros de Interior.

La resolución judicial que el martes, a pedido de un fiscal, autorizó la detención de la cuñada de Castillo, el alcalde de Anguía y los hermanos Hugo y Anggi Espino –dueños de empresas elegidas a dedo para las obras públicas–, señalaba que la inclusión de Castillo y Alvarado en la pesquisa dependía de la fiscal general, debido a su condición de aforados.

La cuñada del presidente trabajaba el año pasado en la empresa de Hugo Espino e hizo prácticas profesionales en la Municipalidad de Anguía, bajo la gestión del detenido alcalde Medina. Además, los fiscales y un equipo especial de policías de inteligencia han encontrado depósitos de dinero hechos por otros dos hermanos de la esposa de Castillo, Lilia Paredes, a las cuentas de los hermanos Espino en los días cercanos a la adjudicación de obras públicas.

Según la hipótesis del equipo que investiga a Castillo, “algunas empresas eran instrumentalizadas para obtener la buena pro de obras públicas por ingentes sumas de dinero, a pesar de no contar con requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma, pero, al tener el control de los nombramientos y del aparato estatal, estos eran direccionados” a favor de esas firmas.

La noche del miércoles, luego de que la cuñada del presidente se entregara ante el Ministerio Público tras un día paradero desconocido, Castillo y tres ministros se reunieron por varias horas con dirigentes vecinales y de organizaciones para mostrar algún respaldo. El presidente asume que las acusaciones de corrupción son ataques de sus enemigos políticos. “No me van a doblegar”, dijo Castillo luego de comentar que su cuñada estaba pasando la noche en el suelo de una dependencia policial. José Dionisio, el abogado de la hermana de la primera dama, informó a la prensa que su defendida se ha contagiado con covid-19.

Fuente: El País.