Acusan al Gobierno de El Salvador de cometer “graves violaciones” a los DD.HH.

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha acusado al Gobierno de El Salvador de cometer “violaciones masivas de los derechos humanos” bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo. Según la investigación, durante estos dos últimos meses se han registrado al menos 18 muertes en cárceles. AI advierte sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.

Un informe de Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones de derechos humanos en El Salvador llega cuando el presidente Nayib Bukele comienza su cuarto año de gobierno.

La investigación de la ONG enuncia una lista de “graves violaciones”, torturas y detenciones indiscriminadas desde que comenzó el régimen de excepción el 26 de marzo (extendido dos veces hasta la fecha), tomado como una medida excepcional de “guerra” contra las pandillas de El Salvador y que suspende garantías constitucionales a los ciudadanos.

El país centroamericano estará bajo este régimen hasta finales de junio y fue aprobado luego de una escalada de violencia que dejó 87 personas muertas, hechos atribuidos a las pandillas que dejaron en jaque el plan de seguridad de Bukele.

Hasta el 28 de mayo, se reportaban al menos 18 personas muertas bajo tutela del Estado durante el régimen de excepción, según AI y dadas las precarias condiciones carcelarias, existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pueda incrementarse en los siguientes días.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI ha dicho desde El Salvador que “tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos”.

Denuncias y detenciones durante el estado de excepción

Más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades han sido recibidas por organizaciones salvadoreñas y por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), principalmente por detenciones arbitrarias. La investigación de AI también señala que se ha documentado la muerte de 23 personas detenidas bajo este régimen y que fallecieron bajo custodia estatal.

En su cuenta de Twitter, Guevara Rosas señala la detención de más de 36.000 personas en poco más de dos meses. El organismo encontró que miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales como la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, explica Guevara en la presentación del informe.

Detalles de la investigación de AI

Amnistía Internacional ha “documentado en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden a 34 personas”. Entre los que se encuentran, según Guevara Rosas, “casos de tortura y malos tratos” en los centros de detención y prisiones.

Estas detenciones, se han hecho, como lo muestra el informe, sin evidencias sólidas de que los detenidos tengan relación con las pandillas.

Los testimonios de las víctimas hablan del “nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas”. Además, hablan de las “condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal”, de acuerdo con la representante de AI.

Esto ha llevado a concluir a Guevara Rosas que, aparte de que el presidente Bukele ha sumergido al país en una crisis de derechos humanos, El Salvador se habría “colocado como el (país) de mayor hacinamiento carcelario del mundo con 1.164 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, por arriba del índice de 639 que tiene Estados Unidos”.

Entre los testimonios recogidos por AI está el de un joven de 16 años detenido por 13 días. Fue trasladado a un Centro de Resguardo de Menores, donde miembros de una pandilla con quienes compartía celda “le torturaron continuamente, mediante puñetazos en la cabeza y la cara, patadas en el pecho, abdomen y piernas, y amenazas constantes”, relata el informe.

La investigación también revela que hay casos de personas que siguen sin saber dónde están sus familiares detenidos, por lo que, según el Organismo, se podría considerar como desaparición forzada.

Los logros de Bukele, según encuesta

Este informe de AI se presenta cuando, según un sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), “el 34 % de los encuestados ven como el mayor logro del Gobierno en estos tres años de mandato el combate a la delincuencia”.

El sondeo también midió la popularidad de Bukele dejándolo con una nota de 8,18 sobre 10 en su gestión.

La encuesta señala además que para un 63,8 % de los encuestados el Plan Control Territorial del Gobierno ha permitido la recuperación de zonas controladas por las maras, como se conoce a las pandillas salvadoreñas.

Posibilidad de responsabilidad penal internacional

Este tipo de investigaciones realizadas por AI se dan, según su representante, “cuando se considera que en un país se están dando violaciones sistemáticas a los derechos… La política implementada por el Gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”, indicó.

Otra de las organizaciones humanitarias que participó en la investigación es Cristosal, que ha criticado el rol de la PPDDH. Tiene una “lamentable actuación… y no están investigando”, ha aseverado Zaira Navas defensora de DD. HH. y parte de la fundación Cristosal.

Para Navas, quien en repetidas ocasiones ha señalado en medios de comunicación locales el desinterés del Gobierno en la búsqueda de las personas desaparecidas, esta situación es una forma de desprecio a las víctimas y a sus familias.

AI y las organizaciones humanitarias salvadoreñas han señalado “que los crímenes de las pandillas deben ser juzgados”, pero cuestionan que “la estrategia gubernamental afecta a personas sin vínculos”.

Las pandillas, conocidas como maras, (las dos agrupaciones principales son la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18) son un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) que tomó fuerza con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, en especial de Los Ángeles. Estos grupos al margen de la ley han resistido a los planes de seguridad implementados en los últimos cuatro Gobiernos, atemorizando y controlando territorios.

El presidente Bukele lanzó al inicio de su mandato en 2019 un plan para frenar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por estas bandas. Sin embargo, el plan no evitó la escalada de homicidios de finales de abril, que colocó el día 26 como el más violento de la historia reciente del país con 62 muertes violentas.

Fuente: France24.