Por qué Boric dio un giro a su política al militarizar la zona de reclamo mapuche

Mientras las voces más duras lo acusan de haber traicionado aquella promesa electoral, los más moderados argumentan que este nuevo estado de excepción no es la réplica de las medidas tomadas por Piñera, puesto que solo está enfocado en la protección de las vías públicas y no establece operativos militares en las comunidades indígenas.

En las últimas semanas el mandatario de 36 años intentó que el Congreso aprobara un “estado de excepción intermedio”, una nueva fórmula jurídica que permitía el despliegue de militares para resguardar los caminos, sin tener que recurrir a la declaración de un estado de excepción constitucional.

Pero la propuesta, que no consiguió los votos necesarios (y ni siquiera tuvo el respaldo completo de su propia coalición), terminó desechada.

Es que en algunos sectores de la izquierda chilena, la utilización de militares, aunque solo sea para resguardar las vías públicas, es vista como una política que atenta contra la democracia y el respeto a las libertades individuales.

Fue en ese contexto que finalmente, a falta de una fórmula intermedia, el gobierno tomó la decisión de aplicar este “Plan B”, que no le entrega a las Fuerzas Armadas la facultad de controlar a las personas o acompañar a las fuerzas policiales al momento de hacer cumplir órdenes judiciales, pero que de todos modos utiliza la misma herramienta jurídica aplicada anteriormente para tratar el problema de la seguridad.

Con el respaldo ciudadano erosionado y los reclamos de camioneros y trabajadores forestales para que refuerce la seguridad en la zona, el gobierno tomó la difícil decisión de enviar a las fuerzas de seguridad. “Es una medida que llega tarde, pero por lo menos llega”, dijo el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, en declaraciones a la prensa local.

“Se esperaron 50 días para tomar esta decisión y en estos 50 días tuvimos 122 atentados”, afirmó la autoridad regional, defendiendo la gestión del anterior gobierno.

En diálogo con BBC Mundo, Fernando Pairican, historiador y académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile, argumenta que hay un sector del movimiento mapuche que ha decidido recurrir a la violencia para reivindicar sus demandas.

“Existen dos corrientes. Una vía rupturista que busca la autodeterminación, que está por fuera del Estado, y que busca lograr la autonomía del control territorial. La otra es una vía gradualista que para conseguir autonomía ocupa los espacios institucionales”.

Si bien la administración del presidente Boric, apunta, “ha mostrado mayor disposición que otros gobiernos para poder desarrollar un diálogo, persisten en su coalición partidos políticos que han sido los arquitectos de una política de criminalización de los mapuches”.

Es por eso que, afirma, “hay una contradicción dentro del gobierno”. Parte de las fisuras políticas en la coalición se han expresado en casos como el de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega -autoridad encargada del tema indígena-, quien se había opuesto públicamente al estado de emergencia y a los pocos días tuvo que darle el respaldo al mandatario.