Perú: Castillo declaró ante la fiscalía por los cuestionados ascensos militares

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró este martes como testigo ante la fiscalía que investiga si hubo abuso de autoridad en relación con los ascensos de algunos militares y el Poder Judicial admitió a trámite su recusación de los fiscales a cargo de la indagación sobre una licitación de la empresa estatal Petroperú adjudicada a un proveedor que poco antes había conversado con el mandatario.

En el trámite, Castillo respondió “todas las preguntas” formuladas por los fiscales, admitió la veracidad de sus conversaciones por chat con el entonces jefe del Ejército, general José Vizcarra, y explicó “el contexto” de esas charlas, afirmaron fuentes de la fiscalía y de la defensa.

El jefe del Estado prestó declaración en el Palacio de Gobierno durante unas cuatro horas ante un grupo de procuradores encabezado por el fiscal adjunto supremo Ramiro González Rodríguez -la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no pudo estar presente por un problema de salud- y fue asistido por su abogado, Eduardo Pachas.

Castillo “ha contestado todas las preguntas”, afirmó el procurador general Daniel Soria, presente en el interrogatorio, según el diario limeño El Comercio.

En tanto, Pachas dijo que “sí se ha reconocido los chats” de las conversaciones entre el mandatario y Vizcarra, y agregó que “el presidente explicó el contexto” de esos diálogos.

“Cumpliendo mi deber constitucional, recibí en el Palacio de Gobierno a representantes de la fiscalía, ante quienes respondí, en condición de testigo, todas las preguntas sobre los ascensos de las Fuerzas Armadas, como parte de la indagación preliminar que realiza el Ministerio Público”, explicó Castillo en Twitter.

“Nosotros damos la cara, no huimos del país, menos nos refugiamos en una embajada; tenemos la conciencia limpia, actuamos conforme a la ley y los compromisos asumidos con el pueblo”, agregó.

El Ministerio Público investiga si se cometieron los delitos de abuso de autoridady patrocinio ilegal en relación con gestiones de funcionarios próximos a Castillo destinadas supuestamentea favorecer el ascenso de oficiales militares cercanos al mandatario, según la agencia de noticias Andina.

En principio, los imputados son los entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, y secretario privado del presidente, Bruno Pacheco, quienes fueron despedidos de sus cargos después de que el caso tomara estado público.

A principios de noviembre, Vizcarra y el también general Jorge Chaparro, recién cesados como comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, respectivamente, denunciaron que Ayala y Pacheco intentaron influir para que los coroneles Carlos Sánchez y Ciro Bocanegra y el teniente coronel Víctor Torres fueran promovidos al grado superior inmediato.

El escándalo escaló en los días siguientes, en los que Vizcarra entregó al Congreso copias de conversaciones de WhatsApp que supuestamente prueban esas presiones.

En los días siguientes, la prensa reveló otros casos que, como el de los ascensos en el Ejército, están siendo investigados no solo por el Ministerio Público sino también por el Congreso.

Entre ellos sobresalen gestiones de Pacheco ante la autoridad tributaria para aliviar la situación de un grupo de personas y empresas, y reuniones que Castillo mantuvo con empresarios, ejecutivos y lobbistas en una residencia privada, sin que quedara constancia de ellas en el registro de actividades oficiales.

Más tarde fue puesta bajo sospecha una reciente licitación de Petroperú para la compra de biodiésel por 74 millones de dólares, adjudicada a un proveedor que días antes de había reunido con Castillo.

Por este último caso, fiscales allanaron la semana pasada el Palacio de Gobierno y la sede de la petrolera estatal y hubo episodios de tensión entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.

La fiscalía hizo constar en un acta que personal del Palacio de Gobierno demoró una hora el ingreso de sus funcionarios y Castillo pidió a Ávalos que apartara de la investigación a uno de los procuradores, Luis Medina, al que acusó de haber actuado “de forma abusiva”.

Días después se conoció un video en el que la fiscal que encabezó el allanamiento a la sede del Ejecutivo, Norah Córdova, afirmaba que Castillo lidera un gobierno de “terroristas y corruptos”.

Entonces, otro abogado de Castillo, Eduardo Remi, pidió que Córdova fuera apartada de la causa por entender que no tiene “objetividad ni imparcialidad”, sino “ánimo de venganza y condenarlo a toda costa”.

El Poder Judicial admitió este martes a trámite el recurso de hábeas corpus presentado el sábado por Pachas, destinado a quitar del caso a los tres fiscales que allanaron el Palacio de Gobierno -Córdova, Medina y Luis Mina-, según una resolución reproducida por El Comercio.