COP26: Brasil llega como villano y en busca de créditos para preservar la Amazonia

Con una imagen ambiental global en el escalón más bajo de su historia construida por el presidente Jair Bolsonaro, Brasil acudirá a la COP26 con la renovada promesa en una mano de eliminar hasta 2030 la deforestación amazónica y con un pedido en la otra para que las potencias paguen por el mantenimiento de la selva y la reducción de gases.

Además, la comitiva brasileña -que no integrará Bolsonaro, sino que estará encabezada por el ministro de Medio Ambiente Joaquim Leite- llegará a la conferencia climática apenas una semana después de que el Senado imputara al Presidente por delitos contra la humanidad en el manejo de la pandemia, un escenario inédito que va acompañado por un fuerte discurso ruralista del jefe del Estado de ultraderecha, que presentó un proyecto para permitir la ganadería, el cultivo de soja y la minería en las reservas indígenas.

Especialistas consultados por Télam consideran que Brasil no llevará promesas que puedan cumplirse y buscará apenas financiación externa, mientras internamente continúa financiando con los bancos públicos al sector del agronegocio responsable por la ganadería en el bosque amazónico.

La deforestación para la ganadería es el principal villano del cambio climático en la selva amazónica de Brasil.

El país posee el 60% de la selva sudamericana, a la cual comenzó a “colonizar” en forma masiva en 1971, con la dictadura militar.

El Estado llevó a los ruralistas del sur cercanos a la frontera con la Argentina y Uruguay a ocupar tierras para desarrollar la agricultura y la ganadería a pura motosierra. Unos 8.000 indígenas murieron en esta avanzada en los años setenta, según la Comisión Nacional de la Verdad divulgó en 2014.

Desde que asumió Bolsonaro, la deforestación amazónica bate récords todos los años. Avanzó, según datos oficiales del Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, 74% en los primeros mil días de Gobierno, comparado con los mil días anteriores a su asunción el 1 de enero de 2019.

En diálogo por Zoom con corresponsales extranjeros el lunes pasado, el vicepresidente Hamilton Mourao, general retirado y titular del Consejo de la Amazonia, un ente creado por el Gobierno para abrir una suerte de diálogo, dijo que Brasil podría anticipar su meta de deforestación ilegal cero prevista para 2030 en “uno o dos años”.

Pero tal como lo quiere la amazónica Colombia, Brasil buscará un peso mayor en el mercado de los créditos de carbono y enfatizar que la población que vive en la región selvática necesita de un desarrollo que estará limitado por las metas ambientales de la ONU.

“Nuestro país es 50% bioma amazónico. Si hay que preservar el 80% por nuestra legislación y la cooperación mundial para impedir un cambio drástico del clima, son diez Alemanias para preservar. Y por eso debe haber una negociación para ser compensado por ese trabajo a favor del resto de la humanidad”, afirmó el general retirado.

Para Sergio Leitao, director del Instituto Escolhas, que realiza estudios sobre el impacto económico predatorio en la Amazonía, “el discurso que llevará Brasil es cruel”.

“Brasil sólo pedirá ayuda a la comunidad mundial para cumplir el Acuerdo de Paris pero al mismo tiempo tiene dinero para prestarle a empresarios ruralistas que talan mediante los gigantescos planes de crédito al campo lanzados por los bancos públicos todos los años. El país ya tiene las tecnologías para apuntar a una producción de bajo carbono”, dijo durante una entrevista con Télam.

Según Leitao, el sector que más gases emite en Brasil es la ganadería, al punto que el país es el principal exportador mundial de carnes procesadas.

“En la Amazonía se emiten 145 kilogramos de CO2 por kilo de carne, cuando en las demás regiones el promedio es 23 kilos”, sostuvo el director de Escolhas, entidad que investiga la minería ilegal y la industria del oro en las reservas indígenas invadidas por empresarios en forma clandestina.

Leitao sostuvo que la ganadería es el principal factor de deforestación y destacó que el Gobierno no usa las políticas sostenibles que el propio Estado posee, como la política “Carne Verde” de la prestigiosa Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa), el INTA brasileño.

Además, como potencia mundial en biodiversidad, Brasil también llevará su posición de país emergente -que compartirá con varios de la región, incluso con ideologías y posiciones políticas distantes- y dirá, tal como lo anunció el ministro de Economía, Paulo Guedes, que el territorio agrega el 1,7% a los “flujos de contaminación mientras China tiene 30%, Estados Unidos 15% y Europa 15%”.

“¿Cómo una potencia verde como nosotros puede ser agredido como un villano ambiental? Hay intereses comerciales y económicos atrás de esto”, se quejó el ministro neoliberal el lunes pasado, al lanzar junto al titular de Ambiente Leite, el programa “Crecimiento Verde”, que será la voz de Brasil en la COP26.

Incluso el alma privatizadora del Gobierno fue una excusa ambiental. Bolsonaro vinculó el avance de las energías renovables a la privatización de la gigantesca Petrobras: “En 30 años no valdrá nada”, argumentó.

En diálogo con Télam, la profesora de Sociología Leila da Costa Ferreira, autora de diez libros sobre cambio climático y coordinadora del núcleo ambiental de la Universidad de Campinas (Unicamp) del estado de San Pablo, recordó que Brasil ha tenido en las últimas décadas una relevancia geopolítica en el tema ambiental aunque aclaró que las emisiones de gases de efecto invernadero subieron 9,6% en 2019, cuando asumió el actual Gobierno que “niega la ciencia”.

“A partir de 2019 con el actual Gobierno hay un gran escepticismo en relación al calentamiento global y a la emergencia climática. Las expectativas para la COP26 no son alentadoras y debemos pensar en las elecciones de 2022, cuando se cumplirán 50 años de la primera conferencia mundial de clima, en Estocolmo”, explicó.

La Amazonia, para Brasil, es un activo ambiental único pero, en el actual Gobierno y por su fuerte componente de funcionarios militares, es también entendida desde el prisma de las Fuerzas Armadas como una selva que comparte con nueve países y es la principal hipótesis de conflicto de agresión externa.