Brasil suspendió la compra de vacunas por un posible caso de corrupción

El Gobierno de Brasil anunció la suspensión del contrato para la compra de dosis de la vacuna india Covaxin contra el coronavirus, luego de que en los últimos días salieran a la luz irregularidades que podrían configurar un caso de corrupción.

Lo informó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, quien afirmó que la decisión se tomó tras la recomendación de la Contraloría General de la Federación (CGU), que inició una investigación sobre las sospechas levantadas en relación con el contrato.

“En relación con el contrato de la vacuna Covaxin, que fue objeto de discusiones, estuve trabajando en sociedad con el ministro de CGU, este tema se discutió y bajo su dirección, por conveniencia y oportunidad, decidimos suspender el contrato para que se hagan análisis más profundos”, señaló el ministro, según el portal local Terra.

En un comunicado, el Ministerio de Salud informó que en un primer análisis preliminar no se detectaron irregularidades en el contrato, pero optó por suspenderlo para analizarlo en profundidad.

“Hay que resaltar que el Gobierno federal no pagó ningún centavo por la vacuna Covaxin”, añade la nota oficial.

La suspensión del contrato se mantendrá “solamente lo que dure la investigación”, anticipó el ministro de la Contraloría General de la Unión, Wagner del Rosario, quien confió que no sea de más de diez días, según el portal G1.

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas por el diputado bolsonarista Luís Miranda y su hermano, el funcionario del Ministerio de Salud Luís Ricardo Miranda, a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre coronavirus.

Según la denuncia, el gobierno firmó una negociación para la compra de 20 millones de dosis del inmunizante con un sobreprecio de 1000%.

Los documentos obtenidos por el CPI muestran que el valor contratado por el gobierno brasileño, de 15 dólares por vacuna estuvo muy por encima del precio inicialmente previsto por la empresa Bharat Biotech, de 1,37 dólares por dosis.

Luego de los testimonios, los senadores presentaron un informe penal por malversación contra Bolsonaro en el Tribunal Supremo Federal (STF).