Poder Judicial analiza pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

La fiscalía solicitó, que Keiko Fujimori vuelva a quedar detenida por incumplir con la restricción de no comunicarse con los testigos de la investigación sobre lavado de dinero

El Poder Judicial analizará este lunes el pedido de prisión preventiva contra la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, solicitado por un fiscal anticorrupción por haber vulnerado las restricciones impuestas durante la investigación que se le sigue por presunta corrupción.

Según dispuso el Cuarto Jurado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, el lunes a partir de las 15 (hora local, 20 GMT) se iniciará la audiencia para evaluar el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato.

El pasado 10 de junio, en medio de la crispada coyuntura postelectoral que vive el Perú, Pérez solicitó al juez Víctor Zúñiga el regreso a prisión preventiva de Fujimori por supuestamente incumplir las normas de conducta de la resolución judicial que habilitó su excarcelación en 2020 bajo ciertas restricciones.

En el pedido para revocar los privilegios legales de la candidata, el magistrado sostiene que la imputada infringió las reglas jurídicas impuestas mientras se le investiga por un delito de lavado de activos, como la de comunicarse con testigos vinculados al caso sobre la financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

En concreto, el requerimiento hace alusión a una conferencia de prensa que celebró Fuerza Popular poco después de la segunda vuelta electoral, en la que Fujimori presentó al abogado Miguel Torres como vocero político de su partido.

“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, defiende el texto.

Pérez argumenta que Torres es testigo de la acusación fiscal y que declaró ante su despacho el 3 de septiembre de 2020 en una diligencia donde también participó la abogada de Fujimori, Giulliana Loza.

La candidata y el abogado compartieron mesa durante aquella aparición pública, en la que la agrupación política fujimorista pidió a las autoridades electorales anular 802 actas de votación, bajo acusaciones de irregularidades y “fraude en mesa” en el balotaje del pasado domingo 6 de junio.

Fujimori, sin temor

Tras hacerse pública esta solicitud, tildada de “absurda” por la propia imputada, Fujimori dijo que el fiscal Pérez busca “seguir siendo protagonista de esta campaña electoral” y aseguró que “confía” en el Poder Judicial y que no tiene “ningún temor” de que se concrete el pedido.

Aunque previamente Torres había declarado a medios locales que él no era testigo de la investigación contra Fujimori, Loza admitió en una rueda de prensa que “es testigo de este caso”.

La letrada consideró, sin embargo, que el pedido fiscal “carece de toda base legal y fáctica”, y dijo que espera que el juez Víctor Zúñiga, a cargo del caso, “declare improcedente esta petición”.

Este domingo, la defensa de Fujimori solicitó al Poder Judicial que la audiencia se celebre de manera presencial, y no virtual como estaba previsto, en medio de la crispada situación política, en la que el fujimorismo insiste en teorías de fraude a la espera de la proclamación de resultados que le daría la victoria al izquierdista Pedro Castillo.

A través de una carta enviada al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Loza indicó que, pese a las restricciones por la covid-19, es necesario “garantizar el ejercicio pleno y eficaz de la defensa”.

Fuente: El Comercio.