La CIDH evaluará cerca de 600 violaciones a los derechos humanos en Colombia

La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó a Colombia evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace más de un mes, la mayoría a manos de la fuerza pública, informó la Defensoría del Pueblo (Ombudsman).

La oficina del Ombudsman dijo este lunes por la noche que entregó a la CIDH un balance sobre las manifestaciones que estallaron el 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque, horas después del esperado arribo a Colombia de la misión del principal organismo de defensa de los derechos humanos de América, que estará en el país hasta el 10 de junio.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el Gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras.

La policía está en la mira de la comunidad internacional, que denuncia excesos y abusos de su parte contra los manifestantes.

Decenas de personas han muerto por participar en las protestas y cientos han resultado heridas.

Los manifestantes exigen una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia de coronavirus, que atraviesa su pico más letal en 15 meses de emergencia sanitaria.

La organización más visible de los manifestantes suspendió las conversaciones que mantenía con el Gobierno desde principios de mayo y convocó a nuevas protestas para el miércoles.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró en el texto entregado este lunes a la misión que desde el 28 de abril y hasta el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH.

“Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en el 73% se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese porcentaje el 98% son atribuidas a la Policía Nacional”, reza el texto, que fue compartido a la prensa, informó la agencia de noticias AFP.

Según el jefe de la entidad, “las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios”, de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali.

“Esta visita para la misión es histórica y estamos seguros y seguras que este es un punto de partida para poder dar pasos importantes en la promoción y protección de los derechos humanos a partir del diálogo y el respeto mutuo”, dijo en rueda de prensa la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.

Visitarán ciudades

La CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA), visitará las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán y el municipio de Tuluá, algunos de los lugares más golpeados por la crisis.

“Claramente se trata de un contexto en que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hemos rechazado de forma constante y contundente desde que empezamos a registrarlo”, declaró el defensor del Pueblo.

El lunes, la CIDH se reunió también con la Cancillería y la fiscalía.

En los días siguientes escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares “para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones”.

La CIDH analizará toda la información recibida y emitirá “la próxima semana una declaración pública” con “observaciones y recomendaciones” en este “momento difícil”, anunció Urrejola.

La llegada de la Comisión coincidió con el anuncio el domingo de un plan del Gobierno para reformar la policía y su política de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo señaló además 113 hechos de violencia de género y 3.144 bloqueos en las vías que han afectado el abastecimiento y el paso de misiones médicas.

La entidad recoge también información de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre ataques a 233 periodistas en los cuales “el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye el 53,73% de los casos”.