Pedirán 30 años de prisión para Jeanine Áñez por las masacres de Senkata y Sacaba

El ministro de Justicia de Bolivia Iván Lima Magne informó que su cartera pedirá “una condena de 30 años” contra la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez, por las matanzas ocurridas en Senkata, Sacaba, Montero y el sur de La Paz durante su gobierno.

“Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, dijo el secretario de Estado al portal ruso de noticias RT.

En febrero pasado, la defensora del Pueblo Nadia Cruz responsabilizó a Áñez de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta firmó un decreto, el 4.078, autorizando a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal, que derogó dos semanas después.

“Algo que jamás podrá negar el gobierno de la señora Áñez es que en su gobierno y bajo sus órdenes, murieron, en intervenciones policiales y militares, 37 personas”, manifestó Cruz.

Añez está acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por los episodios que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales en 2019, y fue detenida el sábado pasado en Trinidad, departamento de Beni, en el centro-norte del país.

Diez personas murieron en la que se conoce como “masacre de Senkata”. Foto: Twitter

Un día después, la jueza Regina Santa Cruz, del Juzgado Noveno de Instrucción Penal de La Paz, decretó la detención preventiva de cuatro meses para la exmandataria, y para sus exministros de Justicia Álvaro Coímbra, y de Energías Rodrigo Guzmán.

En octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia hizo público un informe revelando que de las 37 personas asesinadas, 27 fueron muertas por impactos de bala de distintos calibres, mientras que 861 resultaron heridas.

Sur de La Paz

El informe “Crisis de Estado, violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, de la Defensoría del Pueblo, relata que el 11 de noviembre de 2019, un día después de la salida de Morales y cuando Áñez anunció que iría a asumir el poder, hubo una violenta represión policial contra la población del sur de La Paz, que había ganado masivamente las calles en Pedregal, Rosales, Chasquipampa y Ovejuyo.

Según el documento, estos lugares fueron escenario “de excesos por parte de la Policía, a través de actos como la aplicación de golpes, patadas, insultos racistas o discriminatorios, amenazas con armas de fuego y otros”, vulnerando los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad en el uso de la fuerza. “Como consecuencia de estos actos, 18 personas resultaron heridas en la intervención policial, y tres personas perdieron la vida”, señala el informe.

Montero

Siempre según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 13 de noviembre, en el municipio de Montero, en Santa Cruz, se produjo una manifestación que también fue reprimida por fuerzas policiales, luego de amenazas de saqueos al principal mercado local.

Como resultado del enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, fue muerto Roberth Ariel Calisaya Soto, de 20 años de edad, producto de un disparo de arma de fuego. La refriega dejó también un tendal de heridos.

Sacaba

El 15 de noviembre de 2019, justo el día de la firma del decreto de Áñez quitándole responsabilidad penal a los excesos que pudiera cometer la policía en las calles, en la localidad de Huayllani, municipio de Sacaba, en Cochabamba, se produjo una masacre cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz para sumarse a las protestas contra la salida de Morales del gobierno.

Los manifestantes intentaron atravesar el puente Huayllani, que une a la ciudad de Sacaba con Cochabamba, cuando fueron dispersados a sangre y fuego por parte de las fuerzas policiales. Como saldo, hubo 12 personas asesinadas y 125 resultaron heridas.

Sacaba sigue llorando a sus muertos. Foto: RL

Senkata

Cuatro días después, sucedió la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas.

Según la Asamblea Legislativa, también hubo muertos y heridos en los municipios de Betanzos, en Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.

Préstamos ilegales

Además, el Ministerio de Justicia presentó este lunes otros cuatro pedidos de juicio contra Áñez, relacionados con el préstamo presuntamente irregular de más de U$S 327 millones, del Fondo Monetario Internacional (FMI); la prórroga por 15 años de concesión a Fundaempresa, una entidad comercial contratada por el Estado; la “vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile”; y las restricciones decretadas durante la pandemia.

Fuente: RT