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Se intensifican la toma de tierras en Argentina
Hay una nueva ley que prohibe hasta el 2021 los desalojos. Foto: BBC
Se venían multiplicando desde finales de 2019 pero la llegada de la pandemia del coronavirus intensificó aún más el fenómeno. Se trata de las tomas de tierras, un problema de larga data en Argentina que recrudece cada vez que el país entra en una crisis económica, como la que vive hoy.
Las autoridades argentinas reconocen que hubo un fuerte aumento de ocupaciones de terrenos desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en diciembre pasado. El problema más grave se da en la provincia de Buenos Aires, la más densamente poblada del país, donde ya hubo más de 1.800 usurpaciones de terrenos en lo que va del año, según estimaciones del ministerio de Seguridad local. Algunos medios argentinos estiman que son unas 4.300 hectáreas las tierras fiscales y privadas ocupadas de manera ilegal. La policía bonaerense informó que en algunos distritos se registran varios intentos de usurpación de terrenos cada día.
El caso más paradigmático es el de Guernica, la toma más grande, que comenzó en julio pasado, en el partido (departamento) de Presidente Perón, en las afueras de la capital argentina. Se estima que unas 3.000 personas, sobre todo jóvenes, algunos con familias, llegaron a ocupar ese terreno privado ante la falta de intervención de las autoridades. Muchos aseguran que el predio, de unas 100 hectáreas, estaba abandonado.
Pero los vecinos que rodean el lugar, que denunciaron un aumento de la inseguridad y el robo de electricidad por parte de los ocupantes, entre otros delitos, aseguran que allí planea construirse un barrio cerrado (o country, como le dicen los locales).
Aunque la Justicia ordenó el desalojo de Guernica a comienzos de septiembre, el operativo se postergó hasta este 1 de octubre y ahora se volvió a suspender sin nueva fecha, con la idea de darle tiempo al gobierno provincial a alcanzar una “salida pacífica”.
“Oleada”
El alerta sobre la multiplicación de ocupaciones ilegales la dio a comienzos de agosto uno de los dirigentes sociales más conocidos del país, Juan Grabois, aliado del gobierno.
“Hay una oleada de tomas de tierras que se va a profundizar”, advirtió el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en diálogo con radio El Destape.
“La gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”, señaló.
Grabois afirmó que el problema no solo se da en el llamado conurbano bonaerense, sino también en el interior del país, en particular en algunas de las provincias más pobres de noreste, como Chaco y Corrientes.
Y sugirió que la solución “más inteligente” era “lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.
Sin embargo, su postura generó una ola de cuestionamientos, tanto desde la oposición como desde sectores de la coalición peronista que gobierna.
Los intendentes de los distritos donde se realizaron las tomas -la mayoría de ellos oficialistas- señalaron que no cuentan con los recursos para brindar estos servicios, en zonas donde además no hay recaudación.
Parálisis del peronismo
Las diferencias entre quienes justifican las ocupaciones de tierra y quienes las condenan han revelado algunas de las divisiones que existen dentro del peronismo, el movimiento gobernante que ha dominado la política argentina durante la mayor parte del último siglo y que agrupa a actores de ideologías muy variadas.
Algunos observadores creen que estas visiones contradictorias han paralizado la respuesta de las autoridades, incentivando las tomas.
Un ejemplo de estas divisiones fueron las declaraciones realizadas por el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, un peronista de derecha, quien acusó a agrupaciones peronistas de izquierda, como el Movimiento Evita, de estar detrás de las usurpaciones, algo que estos negaron.
Berni también se enfrentó con su par a nivel nacional, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien consideró que el problema de las ocupaciones “no es un tema de seguridad”.
“Es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, afirmó la funcionaria en declaraciones a Radio con Vos
En respuesta, el ministro bonaerense afirmó que el derecho a la propiedad privada era un “derecho sagrado inviolable” y advirtió: “El que pone un pie en un terreno que tiene dueño va preso”.
El problema de fondo
Más allá de la política, la proliferación de tomas ha reavivado en Argentina un viejo debate en torno al derecho a una vivienda digna y la falta de acceso de muchos, por un lado, y el derecho a que se respete la propiedad privada, por el otro.
El fondo del asunto es el histórico déficit habitacional que existe en Argentina.
La ministra Bielsa estimó recientemente que en el país faltan unos 3,6 millones de viviendas.
Esto significa que alrededor de un tercio de la población argentina hoy no tiene una vivienda adecuada.
Expertos del sector aseguran que uno de los principales motivos de este déficit es que la construcción es un negocio de largo plazo y Argentina no ha tenido la estabilidad económica y política necesaria para llevar a cabo los proyectos necesarios, que requieren años.
Por un lado, no hay continuidad entre las políticas que aplica cada gobierno que asume.
Y por el otro, las constantes complicaciones económicas que atraviesa el país han llevado a un fuerte retraso del sector.
Un estudio realizado en 2019 por la desarrolladora Edisur mostró que mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) argentino aumento 101% en los últimos 30 años, la construcción creció solo un 57%, debido a los fuertes retrocesos que sufrió el sector durante cada crisis.
Fuente: BBC Mundo
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