Destacan necesidad de remover barreras que obligan a emprendedores a depender de usureros

Reducir las barreras de acceso a la formalización, tanto crediticia como impositiva, es uno de los caminos para disminuir el tamaño de la economía informal, que mueve unos USD 22.000 millones en el país, coincidieron en señalar el exdiputado y director ejecutivo de PRO Desarrollo, Sebastián Acha, y el director de Inclusión Financiera del Banco Central del Paraguay (BCP), Luis Molinas, durante el programa Plaza Pública DENDE, moderado por Yan Speranza.

La economía informal es uno de los problemas estructurales del Paraguay, cuyas consecuencias repercuten en muchos ámbitos, entre ellas la falta de acceso a créditos del sistema financiero, ya que 37% de los trabajadores en relación de dependencia y 48% de los trabajadores independientes tienen como primera opción el préstamo a una tasa usuraria.

Acha y Molinas señalaron que, para disminuir las barreras de acceso a la formalización, los microemprendedores deberían disponer de facturación digital, obtener su RUC a través de un perfil biométrico y poder abonar sus impuestos de forma digital, sin que esto implique que pierdan el acceso al sistema sanitario y jubilatorio de su cónyuge, como ocurre actualmente. También plantearon que la educación financiera se imparta tanto castellano como en guaraní, para que sea más comprensible a toda la población.

El director de PRO Desarrollo apuntó que sistemas impositivos como Simple y Resimple podrían ayudar a que la gente exista para el fisco y para los servicios financieros que ofrecen la banca privada y pública. Sin embargo, exigencias como la presencialidad para realizar los trámites dificultan esa formalización, ya que le resta jornada de trabajo al emprendedor, obligándolo a no generar ingresos.

Inclusión financiera

Entretanto, Luis Molinas manifestó que otro de los problemas para los microemprendedores es la falta de oferta de microcréditos, a lo cual se suma la desconfianza que tienen de ir a una fuente legítima de crédito en el sector privado.

Se considera microcrédito a préstamo de hasta 25 salarios mínimos (G 67.009.325) y que va dirigido a las microempresas, es decir, aquellas que facturan hasta G 500 millones anuales y emplean hasta a 10 personas.

Para Molinas, el monto máximo de microcrédito es mucho dinero para nuestro país, considerando que hay una mayoría que factura solo G 50 millones al año. “Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero empezar a emprender ¿qué hago?, me voy a la fuente que conozco, que está cerca, y que por lo general es un usurero”, lamentó.

Mencionó que, en un seguimiento realizado por el Departamento de Inclusión Financiera a 360.000 empresas, se constató que aproximadamente 180.000 eran microempresas. De todas estas empresas, las que tenían acceso al crédito generalmente eran préstamos que están por encima de los 25 salarios mínimos, es decir, no son microcréditos. Las que acceden a préstamos de entre 10 y 25 salarios mínimos, eran aproximadamente el 20%, mientras que apenas un 0,02% tenía acceso a crédito de entre 1 y 5 salarios mínimos.

“Esto refleja que no hay acceso a microcréditos más pequeños, que van de 2 a 5 millones de guaraníes, y la falta de acceso es lo que hace que la gente vaya a la usura, porque ese emprendedor no es sujeto de crédito”, señaló.

También hay problemas del lado de la oferta, ya que para un banco o una financiera es complicado y costoso hacer un préstamo de G 500.000 a una persona, porque debe realizar toda la revisión documental, mirar si tiene facturas o si tiene IVA, agregó.

Ante esta realidad, planteó la necesidad de que haya coordinación entre el BCP, el Ministerio de Economía y el sector privado para analizar cómo incentivar la oferta y la demanda de créditos legales.

Entre las soluciones, Molinas mencionó la formalización de los emprendimientos a través del sistema EAS (Empresa de Acciones Simplificadas), para obtener el RUC. “Si te formalizás, si ya tenés tu RUC, ya existís para el Estado. Ese es el tipo de estrategia que hay que buscar, porque esto no está solamente en el interés del sector público, sino también del sector privado”, indicó.

Refirió que actualmente existen unas 3.600.000 cuentas en el sistema financiero, las cuales representan a 2.500.000 clientes. Del total de clientes, 500.000, es decir el 20%, tienen cuentas básicas de ahorro. Según datos de la banca matriz, el 20% de las personas que tienen una cuenta básica de ahorro, tienen acceso al crédito. Asimismo, se estima que alrededor de 3 millones de personas, de entre 16 y 65 años, están excluidas del sistema financiero.

Molinas explicó que uno otro de los problemas para la formalización de los microemprendedores es la falta de acceso a la información crediticia de las cooperativas por parte del BCP. Comentó que el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) solo tiene registradas a las cooperativas más grandes, que suman 35, aunque se estima que hay más de 500 cooperativas operando en nuestro país.

Todos estos indicadores refuerzan el desafío del nuevo Gobierno de volver a impulsar una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, admitió.

“Desde el Departamento de Inclusión Financiera nosotros tenemos un pequeño plan piloto, que queremos ir haciendo crecer con el tiempo. El año que viene vamos a empezar a hacer charlas en el interior, utilizando un lenguaje que permita hacer llegar la información a las personas de pueblo”, anunció.

Economía subterránea equivale a casi la mitad del PIB

El tamaño de la economía informal en nuestro país equivale al 45,6% del PIB, lo que representa unos USD 22.000 millones, que, si se sumara al Producto Interno Bruto registrado por el Banco Central, el monto del PIB ascendería a USD 65.000 millones aproximadamente, según datos que maneja la organización PRO Desarrollo.

Acha explicó que la economía informal o subterránea es un conjunto de actividades que no pasa por el control debido del Estado. La misma se subdivide en economía ilegal, que no es susceptible de formalización porque incluye al narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de personas; y aquella economía que tiene un origen informal porque su actividad se origina del contrabando, de la evasión o subdeclaración de impuestos o del aporte jubilatorio.

Para el exlegislador, el porcentaje de la economía subterránea es bastante elevado, considerando que somos un país unitario, donde los sistemas de control no tienen que compartirse con estados federales, y con una tasa de impuestos relativamente baja comparada con Brasil o Argentina. “Esas dos cosas nos hablan de que la gente confía más en una institucionalidad paralela que en la institucionalidad del Estado. Y ese es uno de los riesgos, porque esa institucionalidad paralela implica también un problema de inseguridad física ¿Por qué? Porque si una persona de clase media alta puede ir a comprar en un fin de semana largo una camioneta de vinos y quesos de Clorinda, está utilizando el mismísimo camino que utilizan la droga, las armas y los precursores de metanfetamina”, advirtió.

Finalmente, Yan Speranza manifestó que hay una coincidencia de que tenemos que avanzar en el incentivo a la formalización, porque esto mejora la calidad de vida de un montón de personas. Agregó que existe tecnología que puede permitir a los organismos fiscalizadores aumentar la escala de gente inscrita, principalmente en el sector fiscal, sin perder la capacidad de control.