Un Estado vulnerable
Ayer el país amaneció sacudido por un gran crimen que, si bien tiene todos los ribetes de un ajuste de cuentas propio del narcotráfico, no por ello debe dejar de alarmarnos. Lo acontecido en Pedro Juan Caballero con el asesinato de un exdiputado se suma al cuadro de inseguridad general que el país viene padeciendo desde hace muchos años, con su ristra de secuestros y atentados.
El régimen jurídico en una democracia otorga al Estado potestades para proporcionar, con los medios constitucionales a su disposición, seguridad a los ciudadanos. Al Estado le cabe la responsabilidad de administrar conflictos y regular la convivencia social. Cuando la situación se vuelve inmanejable, como vemos que está ocurriendo en el Norte y en el Amambay, nos vemos en la necesidad de exigir al gobierno respuestas concretas, inteligentes y oportunas para hacer frente a este flagelo antes de que sea demasiado tarde.
No sabemos de qué manera están realmente operando las fuerzas de seguridad en este momento ni cuál es el protocolo que siguen para hacer frente a los actos terroristas y al crimen organizado. Lo que vemos es incompetencia, falta de reacción rápida, sumatoria de episodios desgraciados que no se resuelven. Son varias ya las familias destrozadas por la ausencia de sus miembros, cuyas vidas han sido tomadas como moneda de cambio, violentando los derechos más elementales.
Esta serie de sucesos trágicos pone en evidencia la vulnerabilidad del Estado de derecho en nuestro país y muestra hasta qué punto la precariedad reina en ciertas esferas de la administración de la cosa pública. Uno de los jóvenes abatidos en los últimos días ni siquiera tenía identificación de la Policía Nacional, es decir, era un indocumentado.
En momentos de gran perturbación social como los que estamos viviendo, conocer el territorio y sus habitantes es conditio sine qua non para iniciar cualquier acción. ¿En qué situación estamos? Lo que está ocurriendo va mucho más allá de la mentada “inseguridad ciudadana”. Hechos como los recientes sacuden la estructura misma del Estado, generando inestabilidad e ingobernabilidad permanentes y ponen en peligro la existencia misma de la nación. Es nuestro deber exigir, y no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, un nuevo diseño de política de seguridad que pueda garantizar la vida a todos los que habitamos el Paraguay.
D.D.W-S