Terrenos de papel destruyen la seguridad jurídica
Las denuncias sobre la venta ilegal de tierras municipales en Asunción, Luque y otros varios distritos denunciados - que aún no fueron contabilizados - vuelven a poner al descubierto la debilidad institucional en torno a uno de los bienes más sensibles: el suelo urbano. Funcionarios y gestores inescrupulosos utilizan certificados administrativos para simular legalidad y lucrar con lo que pertenece a toda la comunidad.
Es clave recordar que los terrenos fiscales pertenecen al Estado paraguayo y son administrados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en coordinación con Catastro y Registros Públicos. En cambio, los terrenos municipales son patrimonio de cada comuna y solo pueden destinarse al bien común. Para cualquier enajenación se requiere autorización de la Junta Municipal y del Congreso Nacional. Nada de esto ocurre en los casos denunciados: lo que se expide son simples papeles municipales sin respaldo legal.
El daño es doble. Por un lado, los municipios pierden patrimonio público y recursos fiscales. Por otro, los supuestos compradores terminan con documentos que no tienen validez jurídica, lo que genera inseguridad y prolonga la informalidad urbana. La corrupción se disfraza de trámite administrativo y convierte la tierra en moneda de cambio política.
La responsabilidad de control no está difusa: Catastro y Registros Públicos deben ser la barrera inicial; las intendencias y juntas municipales, las custodias naturales; y la Contraloría, el órgano de auditoría. Pero mientras cada institución siga actuando de forma aislada, el negocio ilegal seguirá creciendo.
Urge establecer un sistema interconectado y obligatorio entre municipios, Catastro y Registros Públicos para bloquear certificaciones ilegítimas. A esto deben sumarse auditorías permanentes y sanciones ejemplares a intendentes y funcionarios involucrados. Vender tierras públicas no es un error administrativo: es corrupción y estafa.
La tierra, más que un recurso económico, es la base de la vida urbana, del acceso a la vivienda y de la recaudación municipal para servicios esenciales. Venderla ilegalmente equivale a hipotecar el futuro de las ciudades. Es el piso sobre el cual se construyen ciudades más justas y ordenadas, si se permite que siga siendo rematada en la sombra, el resultado será un urbanismo plagado de ilegalidad y una ciudadanía condenada a vivir sobre terrenos de papel que hacen enorme daño a la seguridad jurídica.