Paraguay y su activo más valioso: la energía renovable

Durante décadas, Paraguay actuó bajo la premisa de que la energía era una ventaja natural, de bajo costo y de renovación casi automática; un recurso abundante cuya disponibilidad estaba prácticamente garantizada. La abundancia hidroeléctrica, la estabilidad de Itaipú y Yacyretá, y una matriz eléctricamente limpia y financieramente sostenible consolidaron la idea de que el país tenía resuelto uno de los recursos más estratégicos para el desarrollo y, hoy, para la calidad de vida ciudadana.

Sin embargo, esa comodidad conceptual empieza a resquebrajarse. Y cada vez con más claridad afloran las improvisaciones.

La crisis energética que comienza a instalarse no significa un apagón inmediato, sino algo más complejo: el agotamiento progresivo de un modelo basado en una producción subvalorada, tratada como intocable y prácticamente ausente de la agenda política nacional. A medida que crecen la demanda industrial, la urbanización, la electromovilidad, la digitalización y los nuevos consumos intensivos —como los centros de datos, la criptominería o las industrias electrointensivas—, el país se aproxima a un punto en el que la energía ya no podrá seguir siendo administrada como un recurso abundante, infinito y sin costo económico real.

El debate institucional recientemente abierto sobre la necesidad de incorporar capital privado para diversificar la matriz de generación y mejorar la distribución de energía, con proyección al año 2030, deja en evidencia una realidad que hasta hace poco parecía lejana: el uso pleno de la energía disponible en las hidroeléctricas binacionales dejó de ser una hipótesis remota para convertirse en un escenario de corto plazo.

En ese contexto, surge una pregunta inevitable: ¿la energía debe costar más?

La respuesta técnica y de mercado es sí, aunque con una precisión central: no se trata de encarecer indiscriminadamente la electricidad ni de trasladar de manera abrupta mayores costos al usuario nacional, sino de sincerar su valor económico para financiar expansión, mantenimiento, almacenamiento, transmisión y diversificación, y luego poder pensar en excedentes comercializables en mercados internacionales.

La energía barata puede ser una ventaja en el corto plazo, pero también genera distorsiones: sobreconsumo, baja eficiencia, inversión insuficiente y señales equivocadas para nuevos proyectos. Ningún sistema energético se sostiene indefinidamente si vende por debajo del costo de reposición de su propia infraestructura.

Este cuestionamiento se vuelve especialmente relevante en el caso de la hidroelectricidad. Paraguay posee una de las matrices renovables más importantes del mundo, pero eso no significa que su energía sea gratuita ni inagotable. La electricidad de origen hidroeléctrico tiene un valor creciente en un mundo que cada vez pondera más la previsibilidad del suministro, la baja huella de carbono y la trazabilidad de origen. Seguir vendiendo o consumiendo esa energía como si se tratara de un commodity sin mayor valor económico ni ambiental es un error estratégico y, por tanto, político.

La discusión sobre el Anexo C de Itaipú, así como la debilidad con la que Paraguay llega a esa negociación, revela precisamente esa contradicción: el país dispone de un activo geopolítico de primer orden, pero todavía no termina de comportarse como si realmente comprendiera su magnitud. El valor energético ya no reside solamente en los megavatios producidos, sino también en la calidad climática y ambiental de cada megavatio.

La biomasa entra en esa misma línea de análisis. Paraguay la presenta en foros internacionales como parte de su estrategia de diversificación energética, y en efecto puede cumplir un papel relevante en procesos industriales, cogeneración y sustitución de combustibles más contaminantes. Pero no toda biomasa es automáticamente sostenible, ni debería ser subsidiada por principio. Su viabilidad depende de factores concretos: producción forestal, trazabilidad, escala, logística, eficiencia térmica y control ambiental.

Si se la convierte en un refugio de rentas o en una fuente de generación artificialmente protegida, el país corre el riesgo de maquillar una transición energética con soluciones de bajo rendimiento real. La biomasa sigue sosteniendo más del 70% de la demanda industrial nacional y, sin exigencias serias de trazabilidad de origen, ello puede seguir ocurriendo a costa de la superficie de bosques nativos.

La energía solar merece un análisis todavía más sobrio. Existe una tendencia a presentarla como símbolo automático de modernidad y transición energética, pero no toda política solar es, por definición, inteligente ni económicamente sostenible.

La pregunta correcta no es si la energía solar "debe ser subsidiada", sino en qué tramo de la cadena y con qué objetivo. A nivel global, la caída de costos de paneles, inversores y baterías ha vuelto crecientemente autosostenibles muchos proyectos solares, sobre todo en generación distribuida, techos industriales, agroindustrias y autoconsumo comercial. En esos segmentos, pensar en subsidios indefinidos puede ser más un gesto político que una decisión racional.

Donde sí puede justificarse apoyo público es en la etapa de despegue regulatorio: financiamiento inicial, acceso al crédito, redes inteligentes y marcos de medición neta. El subsidio razonable es el que crea mercado; el abuso, en cambio, lo distorsiona.

Todo este proceso, además, puede y debe conectarse con el mercado de carbono.

Paraguay acaba de salir a vender su activo verde como un nuevo producto dentro de su portafolio de negocios, en espacios como el Carbon Forum 2026. Herramientas legales como el Registro Nacional de Carbono y la Ley N.º 7190/23 —que se apoya en la Ley N.º 3001/06 de Valoración de los Servicios Ambientales— buscan crear nuevas condiciones institucionales para atraer inversiones ambientales.

El país ya reporta más de USD 10 millones movilizados en créditos de carbono y unas 400.000 hectáreas en procesos de certificación, en una apuesta explícita por convertir proyectos de conservación y sostenibilidad en ingresos para la economía nacional.

Pero allí aparece otra contradicción de fondo: no se puede pretender vender al mundo una narrativa de valor verde mientras internamente se sigue subvalorando la propia energía limpia.

Si Paraguay quiere posicionarse como proveedor serio de carbono, energía renovable y producción de bajas emisiones, necesita coherencia de precios, señales regulatorias consistentes y una visión integrada entre energía, industria y ambiente.

El mercado de carbono no premia discursos. Premia integridad ambiental, trazabilidad y consistencia económica. No basta con afirmar que el país es verde. Es necesario construir un sistema en el que esa condición tenga valor, precio, procesos administrativos ágiles y controles efectivos.

El problema, una vez más, es político.

Paraguay sigue evitando la discusión de fondo sobre tarifas, subsidios, señales de inversión y priorización del uso energético. Se quiere industrializar, electrificar, atraer capital, vender créditos de carbono y, al mismo tiempo, sostener la ficción de que la energía puede seguir siendo un insumo subvalorado, casi inmune al cambio e inagotable en el tiempo.

Ese equilibrio ya no existe.

La verdadera discusión no es solo cuánto costará la energía, sino quién pagará el precio de seguir postergando una política energética y ambiental seria, con criterios de valor real.

Paraguay todavía conserva una ventaja comparativa extraordinaria. Pero ya no alcanza con poseerla por obra de la naturaleza: hay que administrarla, protegerla y proyectarla estratégicamente en el tiempo.

Asumir los costos reales de la energía producida a partir del agua, de una biomasa genuinamente sustentable y de una energía solar desarrollada con lógica económica; articular esas fuentes con una transición energética seria y conectarlas al mercado de carbono, no forma parte de una agenda ideológica. Es, en realidad, una necesidad estratégica y también un buen negocio.

Paraguay debe empezar a construir una economía energética inteligente, ambientalmente sustentable y económicamente sostenible. Ese es el camino para posicionarse en la nueva economía global.