Ministerio de Salud compromete la soberanía
Nuestros padres de la patria, los próceres de Mayo, decidieron independizarnos de España hace más de dos siglos. Lo hicieron movidos por la indignidad que implicaba vivir bajo un yugo extranjero, por el anhelo de regir sus propios destinos y con la esperanza de que una nueva entidad política y legal garantizara la libertad de los nacidos en esta tierra.
El propósito de desarrollar un camino propio —de superación e identidad cultural, sin depender de voluntades ajenas— confirmaría la legítima determinación del Paraguay de actuar en función de sus propios intereses y objetivos.
Dos siglos después, el actual gobierno subvierte el orden, la soberanía y la independencia misma, sustituyendo al otrora poderoso Imperio Español por una nueva dependencia: la de una provincia argentina, Corrientes. Esta relación genera una innecesaria subordinación en un ámbito tan sensible como la salud pública.
No se equivoque el lector: no se pretende en estas líneas hacer una exposición demagógica ni chauvinista de nacionalismo. Se busca denunciar lo lejos que se encuentra hoy el Paraguay de la semilla plantada hace más de doscientos años y de la soberanía pretendida en el nacimiento de la patria. Algo se hizo —y muy mal— para llegar a esta situación.
Hace cuatro meses, el Ministerio de Salud Pública firmó un convenio con el Instituto de Cardiología de Corrientes "Juana F. Cabral" y la Fundación Cardiológica Correntina. No fue un acto altruista ni práctico, sino una decisión de simple comodidad y claudicación; no ante una potencia extranjera, sino ante la aplastante realidad de la ineficacia e ineficiencia del propio Estado paraguayo para cumplir con sus fines mínimos. Esta situación refleja las limitaciones en cuanto a honestidad, patriotismo e incapacidad de quienes ejercen su representación.
Una de las cuestiones más llamativas del caso es que, en efecto, contamos con la base y estructura necesarias para gestionar un buen sistema sanitario nacional. Nos referimos a los profesionales de la salud. Así como somos críticos con las debilidades institucionales del país, la nobleza obliga también a reconocer lo bueno: la calidad de nuestros recursos humanos. Desde hace más de un siglo, en Paraguay se forman médicos de alto nivel, y la Universidad Nacional de Medicina es reconocida como una de las más competitivas y exigentes de la región. Nuestros médicos no son ajenos a procedimientos de alta complejidad; desde hace décadas se realizan trasplantes de órganos con recursos mínimos, lo que demuestra su capacidad y compromiso.
Pero de nada sirven mentes capaces y manos hábiles si no se les provee de las herramientas indispensables para ejercer su arte y conocimiento. Esta es la consecuencia de haber elegido el "camino corto", de buscar atajos políticos en lugar de una política de Estado que prevea y planifique con visión de futuro.
Uno de los servicios que motivó la decisión estatal fue el de la "ablación de fibrilación auricular", que, según el Ministerio de Salud, no se realiza en el país. Sin embargo, el director del Hospital San Jorge declaró que sí se practicaba allí, pero que se suspendió por falta de insumos y recursos. Si la excusa ministerial es que se trata de una "medida coyuntural" ante la falta de recursos, cabe preguntarse:
¿Cómo no se previó, en tiempo y presupuesto, las asignaciones necesarias para el sistema nacional de salud?
Y si era tan urgente paliar la situación, ¿por qué el convenio fue firmado el 1 de julio, luego de meses de negociaciones? En más de cuatro meses, la burocracia estatal fue incapaz de gestionar la falta de insumos o de recursos económicos, pero sí logró cerrar un acuerdo internacional que implicará un elevado gasto de fondos públicos. Es como salir a cenar a un restaurante en vez de comprar los ingredientes e invertir en la cocina de casa, bajo la excusa de que no hay cocineros ni dinero para alimentos.
Para mayor complicación, esa necesidad de atención en procedimientos complejos arrastra también a otros que no lo son y que perfectamente podrían realizarse localmente, desde una simple consulta hasta una radiografía. Sería absurdo que un paciente enviado al exterior para una operación cardíaca tuviera que regresar al Paraguay cada vez que necesite estudios clínicos.
Otro punto a considerar es que, aun suponiendo que los tratamientos en la vecina provincia argentina sean más económicos, deberíamos preguntarnos: ¿cuáles son los problemas estructurales que hacen que la salud en Paraguay sea más cara? ¿Por qué la administración de los servicios médicos resulta tan ineficiente y onerosa? ¿Se trata de incapacidad, falta de voluntad o intereses comerciales abusivos?
No se cuestiona la calidad del sistema de salud argentino, reconocido por su eficiencia y valores humanos. Innumerables familias paraguayas han encontrado allí soluciones a sus dolencias, en hospitales como el Garrahan o en centros provinciales de la República Argentina. Lo que se critica es la actitud del Ministerio de Salud y del gobierno nacional, que pretenden barrer los problemas bajo la alfombra y deslindar responsabilidades. Derivar a nuestros enfermos a Corrientes es, en esencia, eso: una forma de eludir la obligación de fortalecer nuestra red hospitalaria nacional.
Tal decisión implica el uso inadecuado de recursos públicos, desalienta a los profesionales de blanco y significa una pérdida de divisas que deberían invertirse en el ámbito interno, fortaleciendo la economía y la formación de nuestro sistema de salud.
El Estado paraguayo no puede lavarse las manos en materias como defensa, educación o salud pública. Mucho menos debemos, como ciudadanos, dejar de exigir mejoras permanentes. La problemática está instalada: la renuncia del gobierno a luchar por el bienestar de su pueblo nos vuelve dependientes. Pasamos del anhelo de ser un pueblo soberano —también en materia sanitaria— a convertirnos en meros pacientes de tránsito al otro lado del Paraná, por incapacidad de gestión y por haber pedido prestada la salud, la dignidad y la identidad del pueblo paraguayo.