Legislando en el vacío
La República como forma de gobierno y administración de una sociedad implica que es el pueblo el que elige a sus representantes, eso es una obviedad, pero lo que parece no serlo es que la representación es ante todo el pueblo, sin distinciones de banderías políticas, credos, razas y cualquier otra particularidad que podría manifestarse en un espectro social, que en virtud a la libertad que nos provee el mencionado sistema republicano, forzosamente tiene que ser variado. Esto no es una dictadura que impone la unidad de pensamiento, la cual solo puede ser lograda por la vía de la fuerza y el aplacamiento de las libertades.
Ahora, cuando en las Cámaras del parlamento, las cuales son el escenario natural en el cual se deben de plantear dichas diferencias, para que por vía del sano debate se lleguen a consensos que engrandezcan a la patria, la disidencia se acalla, el debate se obvia y la fuerza de la prepotencia se impone ignorando a la gran masa de la población para hacer valer solo los intereses mezquinos de algún movimiento político, es que estamos por un mal derrotero de nuestras instituciones.
Es en este ecosistema viciado en el que la Cámara de Diputados protagonizó un capítulo insólito y preocupante. En un trámite exprés de apenas siete minutos, la bancada colorada aprobó modificaciones electorales sin debate alguno, incluyendo artículos pertenecientes a una ley derogada. Recordemos algo, la elaboración de leyes no es algo improvisado, es fruto de un complejo trabajo legislativo que no pasa simplemente por el capricho de un legislador que la presenta ante sus pares para su aprobación. Un proyecto de ley, luego de pasar por la mesa de entrada es, o debería de ser, analizado en varios pasos donde intervienen funcionarios, asesores y sobre todo las comisiones asesoras que sirven o para perfeccionar el proyecto de ley y filtrarlo de elementos que afecten a su funcionamiento como norma.
En este caso, la primera voz cantante tendría que haber sido la Comisión de Asuntos Constitucionales, sin olvidar a la Comisión de Legislación y Codificación. Las cuales, sin embargo, no pudieron realizar su dictamen y en un raro apresuramiento, la bancada colorada para acelerar el trámite se valió de un dictamen de aprobación de la Comisión de Equidad Social e Igualdad entre el hombre y la mujer. ¡Qué baje Dios y nos lo explique!
Este atropello legislativo no solo evidencia un desprecio por el marco normativo, sino un uso arbitrario del poder que compromete la legitimidad de las instituciones.
El proceso legislativo está diseñado para el debate, la discusión profunda y la reflexión sobre el impacto de cada norma, ¿podríamos decir que esto se puede dar en el tratamiento de una ley en solo siete minutos? La respuesta es dolorosamente manifiesta. Lo ocurrido en la Cámara Baja desafía cualquier lógica democrática. En un lapso de tiempo irrisorio, se modificaron leyes electorales que, en teoría, ya no deberían existir en el orden jurídico. Es un acto que va más allá del error: es una muestra de la facilidad con la que se vulnera el respeto al marco legal.
Legislar sobre artículos derogados es, en el mejor de los casos, una grave muestra de desconocimiento y torpeza o una clara intención de manipulación política ¡O peor aún!: una peligrosa mezcla de ambas cosas, y no existe nada más peligroso que el concubinato entre la ignorancia, la torpeza y la mala fe. ¿Cómo se puede debatir sobre fantasmas legales? La imagen de una Cámara de Diputados aprobando normas inexistentes es el reflejo de un poder que se siente inmune al escrutinio público y a las consecuencias jurídicas.
Las modificaciones aprobadas afectan dos aspectos clave: el registro electoral y la fiscalización del financiamiento de campañas. La propuesta plantea alterar el artículo 130 de la Ley N.º 834/1996, lo que daría luz verde a la Justicia Electoral para realizar un corte administrativo del padrón en el año previo a las elecciones municipales.
La segunda iniciativa, la más polémica, pretende modificar los artículos 64, 66 y 278 de la misma ley sobre el financiamiento político. El problema, tal como advirtieron varios legisladores, es que los artículos modificados ya fueron suprimidos por la Ley 6501/2020. Es decir: se estaría legislando sobre disposiciones inexistentes. En un país serio, estaríamos hablando de un proceso que conllevaría nulidad, pues el principio de legalidad se sustenta sobre el hecho de que todo acto jurídico debe fundarse sobre una norma vigente y existente. Es como reformar una casa que nunca fue construida.
Convengamos que, así como dijimos al inicio, el sistema republicano implica la representatividad, lo que se logra a través de la participación en el sufragio. Esto exige un sistema electoral afinado que se sustente sobre la participación popular a través de las mayores facilidades posibles a los electores para poder hacerlo, sumado a la transparencia del propio sufragio y la transparencia de los fondos de los movimientos.
Y como vimos esta semana, el congreso actuó de contra mano a esos imperativos, con el entuerto perpetrado en esta semana, podrían arbitrariamente dificultar la mayor participación ciudadana, por un lado, y por otro, opacar la transparencia financiera de los actores políticos, con todas las nefastas puertas que esto abre al crimen organizado y a corrupción. No nos debería de extrañar, están obrando de contramano a los intereses públicos, pero el que no nos extrañe no implica que no nos tenga que indignar.
Porque como pueblo tenemos que ser despiertos y entender que cuando las instituciones legislan sobre estas materias y actúan con tal nivel de arbitrariedad, el sistema democrático se ve amenazado. El proceso legislativo pierde sentido y la ciudadanía se enfrenta a un escenario donde las leyes se escriben y reescriben al capricho del poder de turno, entramos al oscuro universo de la inseguridad jurídica, de la dificultad de acceder a la justicia y a la erosión de las instituciones. Esta degradación de la institucionalidad que genera una desconfianza legítima en los procesos democráticos no puede verse y juzgarse de otra forma que no sea como un retroceso.
La aprobación exprés de leyes derogadas no es algo anecdótico y no puede quedar como tal, sino como algo lamentablemente sintomático de una deriva hacia un nefasto puerto. La ciudadanía tiene el deber y el derecho de exigir transparencia y responsabilidad a sus representantes. La democracia se construye con respeto a las normas y, sobre todo, con un compromiso real de quienes legislan. Lo ocurrido en Diputados debe servir como un llamado de alerta: el abuso del poder y la falta de debate son enemigos silenciosos de la democracia.
Cuando se juega con las leyes, se juega con el destino del país. Paraguay merece instituciones que honren su labor legislativa con integridad y respeto, y no que legislen en el vacío.