La Ley Engel y la soberanía
El Gobierno de Estados Unidos anunció que incorporó al expresidente de la República, Horacio Cartes, a su Lista Engel de personas "significativamente corruptas", y resolvió prohibirle el ingreso -a él y a toda su familia- al territorio estadounidense. También congeló sus activos en ese país.
La Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte -más conocida como Ley Engel- fue aprobada e incluida en el 2020 como parte de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021. La sección 353(b) obliga al Departamento de Estado a producir la lista y darla a conocer al Congreso de los Estados Unidos al menos dos veces al año. La principal consecuencia para los listados es que los hace inelegibles para obtener visas que les permitan entrar al territorio norteamericano y abre la posibilidad de que se bloqueen activos de cuentas o propiedades en territorio estadounidense.
La primera publicación de la Lista Engel fue emitida en julio de 2021. A modo de antecedente, en esa oportunidad el Departamento de Estado listó a 14 salvadoreños, 20 guatemaltecos y 21 hondureños. En ninguno de los tres países mencionados las fiscalías iniciaron investigaciones a estas personas y los efectos de ello variaron de acuerdo con el contexto de cada país.
La comunicación impactó no solo al movimiento político que encabeza el empresario, sino que retumbó en todas las esferas del Partido Colorado y la comunidad política nacional, reuniendo incluso a la ciudadanía en las calles y en redes sociales reclamando la investigación del caso. El hecho representa un golpe para nuestro sistema democrático. De acuerdo al comunicado, el candidato a liderar la Junta de Gobierno, “utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional, participó de actividades corruptas, terroristas y otras consideradas ilícitas por Estados Unidos". La institucionalidad del país queda vulnerada ante esta revelación que debe ser un llamado de atención, sobre todo para el sistema judicial paraguayo. Analistas políticos coinciden en que esta declaración de Norteamérica es “una bofetada para una justicia paraguaya poco comprometida con la soberanía del Paraguay”.
Durante los últimos dos periodos de Gobierno, el Partido Colorado se fue acercando hacia situaciones que pusieron en riesgo al propio sistema republicano, como en laberinto sin salida, proponiendo candidaturas no previstas en la Constitución Nacional (CN). Así surgieron un expresidente que debería ser senador vitalicio, sin embargo, no quiere desprenderse del poder; y un presidente de la República en ejercicio que debe dedicarse a sus funciones, pero que ahora se embarcó en una campaña política en contra de la propia Carta Magna.
Hoy, el Partido Colorado está violentando el Estado de Derecho. Es por eso que esta acción de parte del Gobierno de Estados Unidos no debe ser minimizada. No se trata de un mecanismo de intervención en las internas coloradas, como muchos especulan. También, los actores políticos deben evitar tomar el “caso Cartes” como un trofeo para ganar relevancia y protagonismo de una manera oportunista.
Más que nunca, el Paraguay necesita de líderes políticos que puedan reconstruir la institucionalidad y apuntalar la verdadera transformación, que dejen de defender sus intereses particulares desde el Estado. Ahora es cuanto las autoridades deben ponerse firmes y demostrar que podemos salir de los tiempos de incertidumbre política identificando a los responsables.