La era digital y el Gobierno en sueños

Una gran empresa de comunicaciones digitales fue atacada y, por lo que parece, el ataque no fue poca cosa; decimos “por lo que parece” porque la información proporcionada, tanto por la empresa como por el Equipo de Respuestas de Incidentes Cibernéticos de Paraguay, organismo institucional encargado al respecto, ha sido, siendo generosos: parca.

Lo poco que se sabe es que el ataque existió, que fue por medio de un “ransomware” (malware o virus que impide acceder a los archivos, generalmente por medio de una encriptación) y que fueron expuestos datos de clientes corporativos, es decir, información muy sensible. Incluso en un momento se habló de un pedido de rescate de USD 8 millones.

Este tipo de ataques no pueden ser tomados a la ligera, al contrario, es una gran señal de alarma, los peligros son innumerables, no solo por el hecho de que son, por lo general, golpes extorsivos, sino también porque los delincuentes pueden acceder a informaciones sensibles de clientes, vaciar cuentas bancarias, entorpecer las transacciones comerciales, destruir sistemas contables, banco de datos, y hacer daños puntuales que incluso generen crisis bancarias. Todo esto pone en peligro el desenvolvimiento de actividades productivas. También pueden afectar al hombre de la calle, apropiándose de su identidad, a instituciones estatales, como el sistema de justicia, borrando antecedentes u órdenes de capturas para que delincuentes escapen de la justicia o por lo menos entorpecer sus procesos, y Dios nos guarde de un ataque que vulnere la justicia electoral, poniendo en peligro el proceso democrático, tal es la gravedad de posibilidades que se abren en el horizonte.

Lo de la mencionada empresa no es un caso aislado, ya es una constante, lo mismo se vivió el pasado año en la Argentina con ataques a organismos estatales donde se pedían rescates de 2,5 millones de dólares, o en Colombia, donde vulneraron los sistemas del Poder Judicial, del Ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y otras entidades.

Este nuevo escenario es preocupante porque la vida “virtual” de los ciudadanos dejó de ser eso para volverse tangible, hoy es importante la presencia de la virtualidad en muchas de sus actividades en el día a día. De ahí la importancia de la correcta administración, control y también defensa de este bien. Pues así como la expansión de las comunicaciones, que se ha vivido en las últimas décadas, ha abierto un sinfín de nuevas oportunidades, dichas oportunidades no han dejado afuera a personas inescrupulosas que se aprovechan del nuevo escenario. Esto debería de exigir también la adopción de respuestas adecuadas por parte de órganos especializados; el problema sería una vez más chocar con la realidad de un Estado ineficiente a la hora de cumplir sus roles.

El espectro electromagnético es un recurso natural que constituye el medio o soporte por el cual se propagan las ondas radioeléctricas y una de sus características es la escasez, pues no existen frecuencias utilizables infinitas.

El concepto de hierro del espectro electromagnético es su posición como un bien estratégico. Pero desliguemos las connotaciones militares del término "estratégico", pues va mucho más allá, tiene esa característica en función a su importancia radical para el desenvolvimiento de la sociedad, ya sea para mantener informada a la población, como herramienta de las fuerzas de seguridad civiles, como medio de navegación aérea o fluvial, para la comunicación personal o comercial y cada día con mayor peso, en las transacciones financieras dentro de un mercado cada vez más complejo y exigente, incluso en la educación, parece que no se sacaron aprendizajes de la pasada pandemia, donde se demostró la importancia de la comunicación en materia educativa y también las falencias del sistema que dejó de lado a miles de niños de zonas rurales, con escasos medios y escasa señal.

Según el artículo 30 de la C.N., el espectro electromagnético es de dominio público del Estado, el cual ejerce la soberanía nacional sobre este. O sea que es un bien sujeto a la regulación estatal. Lo anterior no es mero capricho de nuestro país, es doctrina en la mayoría de Estados y algo reconocido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que en el preámbulo de su constitución reconoció la plenitud del derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus telecomunicaciones en defensa de la paz y el desarrollo económico y social.

Es decir, la conectividad no solo es estratégica, como se ha señalado antes, sino que, en virtud a ello, también es un ejercicio de soberanía. Por ejemplo: a través de satélites propios se puede unir a todo el territorio, llegar a los lugares más apartados, sobre todo donde la frontera es permeada cultural, económica y demográficamente y fruto de ello, precisamente, se está perdiendo dicha soberanía, la cual no tiene por qué ser suplida por la iniciativa privada, que muchas veces, tampoco tiene el interés en ello. De ahí que, o se reviven las potestades del Estado en esa materia, o nos atenemos a las consecuencias de esas falencias. La soberanía también pasa por la conectividad propia. Para quien dude de la importancia de mantener la soberanía en territorios limítrofes que corren el riesgo de sufrir un reemplazo poblacional, que mire hacia Ucrania.

En nuestro país, no es sorpresa, las telecomunicaciones forman parte de las innumerables derrotas del Estado. La desidia está en todos los campos, desde falta de sistemas de radares en un momento tan sensible en el que los vuelos ilegales están en la mira de todo el mundo, hasta la pérdida de su espacio como proveedor de servicios en la materia.

El activo estatal más valioso en ese ámbito es Copaco, empresa que hoy parece un pueblo fantasma, pues la estatal se da el lujo de desangrarse sin torniquete que lo detenga. En los últimos seis años ha perdido 200.00 clientes de los 347.000 que poseía en el 2017, hoy solo le quedan 127.000 usuarios, casi el 60% simplemente fue a otras empresas. Como se mencionaba, es un pueblo fantasma, pero uno que cuesta caro, si bien ya casi nadie usa sus servicios, todos pagamos o pagaremos los cerca de 90 millones de dólares que arroja en su pasivo. Por su lado, Vox, el último intento del Gobierno de aggiornarse, no está mejor, en una época en la que la telefonía celular ha llegado a las manos de casi todos los paraguayos, desde el más humilde, hasta los potentados, mientras las demás empresas privadas engordan con la captación de clientes, llegando hasta las más de 8 millones de cuentas, Vox apenas recibe las migajas de un 4% del mercado con su flaca cuenta de 300.000 usuarios. Y sobra decir que también, año a año, pierde mucho dinero: solo en el 2022, dichas pérdidas superaron los 4.500.000 de dólares.

En el día a día, las personas se enfrentan a problemas, algunos simples, otros complejos, y la respuesta natural suele ser el intentar solucionarlos. En esta materia, al parecer, el Estado ha renunciado a intentarlo. Los sindicatos hablan de una necesidad de 100 millones de dólares que solo servirían de mero parche. El propio Estado, en el Gobierno anterior, comenzó a flirtear con la idea de entregar el espectro de la telefonía a una empresa estadounidense, la Rivada Networks. Proceso que, dicho sea de paso, y sin ninguna pizca de sorpresa, fue acusado de turbiedad y por lo menos hoy se encuentra detenido. Con esto se terminaría por renunciar definitivamente a esta quijotesca lucha contra su propia ineficacia.

Ante la nueva realidad, el Estado no ha sabido dar respuestas a los nuevos retos, mientras, en vez de avanzar, fue dinamitando sus capitales en esta materia, por corrupción, ineficacia, desinterés, dejando al arbitrio de los intereses privados algo que es de importancia para el bienestar de toda la nación, la soberanía o se perdió con el tiempo o no llegó al mundo de las telecomunicaciones, y recordemos: cuando uno deja un espacio libre, este no queda vacío, es ocupado por otro. El pueblo fantasma que dejó el Estado en materia de telecomunicaciones está nuevamente poblado, pero esta vez ya no hay sheriff.