IPS cautivo de intereses político
El Instituto de Previsión Social (IPS) solicitó una ampliación presupuestaria para el 2026 que implicaría un aumento en los aportes de los asegurados. Sin embargo, esta solicitud se presenta en un contexto alarmante: la previsional arrastra una deuda histórica cercana a los mil millones de dólares y su Fondo de Jubilaciones ha entrado en déficit debido a una gestión ineficaz.
El IPS nació con la misión de garantizar salud y jubilación a quienes contribuyen al país con su trabajo. Hoy, sin embargo, se asemeja más a un ente estatal burocrático y desbordado por la política, cargado de gastos administrativos, obras inconclusas y conflictos de gestión. Su carácter es sui géneris: se financia con dinero privado —de empleados y empleadores—, pero las decisiones cruciales están en manos del Gobierno, que utiliza sus cargos y contratos como piezas de negociación política. Esa dualidad ha transformado al instituto en una estructura vulnerable al clientelismo, al despilfarro y a la falta de rendición de cuentas.
Mientras tanto, los asegurados continúan pagando puntualmente sus aportes, pero reciben a cambio servicios de salud cada vez más precarios y una previsión social muy distante de sus necesidades reales. Además, casos recientes de nepotismo y aumentos salariales injustificados, como el otorgado al hijo del presidente del IPS, evidencian una cultura de privilegios y favoritismos que socavan la confianza de los aportantes.
La solicitud de aumento de aportes sin una reforma estructural en la gestión del IPS es inaceptable. Los asegurados no deben cargar con el costo de una administración totalmente irregular y poco transparente. Es imperativo que se implementen medidas de control, claridad y rendición de cuentas antes de considerar cualquier incremento que signifique un golpe a los bolsillos de los usuarios de este sistema de seguridad social.
El mecanismo de gestión de la institución muestra grietas preocupantes. La propia gerencia de Prestaciones Económicas reconoce que, desde 2020, el IPS usa la renta de sus inversiones "para cerrar el mes". Hoy, los ingresos por aportes rondan USD 49 millones, pero los pagos a jubilados y pensionados llegan a unos USD 53 millones; la diferencia se cubre con las rentas. La propia gerencia advierte que, si no se corrigen desbalances, esa renta podría no alcanzar y se tocaría la reserva, el escenario que todos quieren evitar.
Mientras se debate sobre aumentar los aportes, no se presentan soluciones claras para equilibrar estos ingresos y gastos ni para sanear pasivos históricos. La pregunta es inevitable: ¿por qué quienes financian el sistema deben cargar con decisiones administrativas que no generan valor ni confianza?
Si bien el IPS es un pilar de la seguridad social paraguaya, la combinación de deudas millonarias, gastos opacos y decisiones cuestionables pone en riesgo la legitimidad del sistema. El dinero de los asegurados no puede ser rehén de intereses personales o de ineficiencia institucional.
Hasta que no haya transparencia real y control efectivo, cada aumento de aporte se convierte en un acto de riesgo para los ciudadanos, no en un refuerzo de la seguridad social. ¿Están los asegurados más cerca de la protección que merecen o simplemente contribuyen a cubrir agujeros administrativos?