El Escudo de las Américas debe empezar por el Congreso Nacional
"Escudo de las Américas" es una iniciativa de defensa, seguridad y política exterior, impulsada por el gobierno de los Estados Unidos de América, en alianza con gobiernos de países del hemisferio occidental —no todos fueron invitados—, para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, entre otros delitos conexos.
El pasado viernes 6 y sábado 7 de marzo, desde la sede del Comando Sur de Estados Unidos en Doral, Florida, se llevó a cabo la cumbre denominada "Escudo de las Américas", una acción que revitaliza la antigua Doctrina Monroe —denominada actualmente Donroe— y que reunió a más de diez mandatarios, cancilleres y ministros de defensa para planificar acciones militares conjuntas y cooperativas contra los cárteles de narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La reunión, convocada por el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, buscó consolidar un frente común que defienda la seguridad regional y proteja el futuro de las comunidades del continente.
Entre los mandatarios que asistieron y firmaron el acuerdo se encuentran:
El anfitrión y presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump; Argentina: Javier Milei; El Salvador: Nayib Bukele; Costa Rica: Rodrigo Chaves Robles; Ecuador: Daniel Noboa; Panamá: José Raúl Mulino; Paraguay: Santiago Peña; Honduras: Nasry Asfura; Bolivia: Rodrigo Paz; República Dominicana: Luis Abinader; Guyana: Mohamed Irfaan Ali; Trinidad y Tobago: Kamla Persad-Bissessar (Primera Ministra): Chile: José Antonio Kast (presidente electo).
En la cumbre, el canciller del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, reafirmó su compromiso con el nuevo programa de cooperación en defensa y seguridad, destacando las acciones del gobierno bajo el Plan Estratégico de Seguridad 2023-2028, y resaltando operaciones recientes como "Escudo Guaraní", que logró desmantelar redes de narcotráfico y fortalecer el control territorial.
La trascendencia de este convenio radica en reconocer que ningún país puede enfrentar de manera aislada las amenazas de las asociaciones criminales transnacionales. La cooperación regional, la inteligencia compartida y la acción coordinada son ahora más necesarias que nunca para garantizar la estabilidad y la seguridad hemisférica.
Paralelamente, Paraguay ha adoptado medidas estratégicas internas que refuerzan su compromiso con la seguridad. Entre ellas:
Decreto Nro. 5554: autoriza una mayor intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), ampliando el rol del Ejército y Policía en la lucha contra el crimen organizado.
Convenio SOFA (Status of Forces Agreement) con Estados Unidos: Regula la presencia y operaciones de personal militar estadounidense en Paraguay, permitiendo entrenamiento conjunto, asistencia logística y coordinación estratégica.
Esta adecuación legal presenta a un país incorporado a las estrategias regionales de defensa y comprometido con la seguridad hemisférica.
Sin embargo, mientras Paraguay proyecta esa imagen de compromiso internacional, surge una paradoja inquietante en su escena política interna. En pleno contexto de firmeza contra organizaciones criminales, se cuestiona al Congreso paraguayo por mantener en su cuerpo a personas sospechadas e incluso condenadas por delitos como asociación criminal. Esta situación ha sido calificada como "insólita" por analistas y actores políticos, y expone la vulnerabilidad, además de la coherencia del Gobierno en asumir compromisos internacionales, como los firmados en la cumbre de mandatarios -reciente- en los EEUU y otros acuerdos bilaterales.
El ministro político Enrique Riera advirtió que, si el Partido Colorado no depura seriamente su dirigencia, el país podría enfrentarse a graves riesgos institucionales, evocando ejemplos de otros países que han sufrido crisis por falta de control interno. La contradicción es evidente: mientras el Paraguay se une a un esfuerzo colectivo para combatir el crimen organizado internacional y garantizar la seguridad regional, no aplica las mismas reglas de justicia y responsabilidad dentro de su sistema político, debiendo iniciar los controles y sanciones al interior de los partidos y movimientos políticos, mucho más aún con el de gobierno.
Esta dualidad plantea un punto de inflexión: la lucha contra el crimen transnacional no puede desvincularse del fortalecimiento institucional interno y del estado de derecho. La ley debe aplicarse a todos sin excepción. La seguridad hemisférica exige no solo cooperación internacional, sino gobiernos comprometidos, instituciones sólidas y líderes que cumplan y hagan cumplir la ley. Sin estas condiciones, incluso el mejor plan estratégico hemisférico corre el riesgo de quedar en papel mojado.
En definitiva, la cumbre "Escudo de las Américas", en conjunto con los acuerdos bilaterales de Paraguay con EE. UU. y el nuevo decreto que faculta la intervención del CODI en otros departamentos que los iniciales, representa un paso que no admite marcha atrás.
Pero queda la duda y la incógnita de si aprobaremos el examen interno, que disipe y revele si el compromiso con la seguridad y la justicia será consistente y duradero, o si, como advirtió Riera, la impunidad puede abrir la puerta a decisiones peligrosas, manteniendo la colusión en las esferas más altas del poder. La coherencia en sostener lo que se compromete internacionalmente y lo que se practica internamente nos revelará solo el tiempo.