Economía de Guerra
El término "economía de guerra" remite a un concepto histórico claro: es un conjunto de políticas —y medidas— aplicadas en tiempos de conflicto extremo, donde los gobiernos priorizan recursos esenciales, racionalizan gastos y movilizan la economía hacia objetivos estratégicos. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, gobiernos de todo el mundo implementaron medidas drásticas: racionamiento de alimentos, control de precios, limitación de bienes de consumo y focalización de recursos en lo que era considerado vital para la supervivencia de los Estados. La premisa era simple y rigurosa: todos los sectores deben ajustarse, con enfoque en objetivos predeterminados y estratégicos, sin privilegios.
En este contexto, el anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la aplicación de una "economía de guerra" en Paraguay genera expectativa, pero también esconde serias contradicciones. Según el propio ministro, la medida responde a la caída de las recaudaciones, la insuficiencia del flujo de caja y el desequilibrio fiscal. Se blindarán salarios, jubilaciones, inversiones públicas, medicamentos y programas sociales prioritarios, como "Hambre Cero" y el subsidio a adultos mayores. Los demás ministerios y sus diferentes programas, incluidos Justicia, Cultura, Turismo, Ambiente e Industria, deberán adaptarse a un presupuesto equivalente o menor al del año pasado.
En teoría, podría considerarse un ejercicio responsable de austeridad fiscal. Sin embargo, la contradicción surge cuando se observan hechos ocurridos recientemente. A un sector se le exige "ajustarse el cinturón"; en general, a ministerios y programas que impactan directamente en la calidad de vida de la población o a proyectos de inversión de la nueva economía, como programas ambientales, conservación y difusión del patrimonio cultural, turismo, entre otros. Por otro lado, el mismo Ministerio de Economía ha firmado un contrato de más de US$ 5 millones para la provisión de servicios de seguro médico privado para sus funcionarios. Tampoco se ha sabido de nuevas negociaciones de precios con empresas constructoras y viales, ni de aumentos en los cánones de explotación de canteras pétreas, yeso, areneras u otros recursos de propiedad pública explotados por particulares; tampoco de la reglamentación de la ley de aguas, mientras se siguen contaminando y explotando los recursos hídricos sin costo alguno; ni de la renegociación de precios con la industria e importadores de productos farmacéuticos.
La administración del programa Hambre Cero es directamente vergonzosa: sin reducir la calidad alimentaria, pero limitando las ganancias espurias provenientes de la distorsión de precios y la corrupción —que generan enormes beneficios a los contratistas y a los funcionarios públicos que lo administran—, se podrían reducir costos importantes y generar ahorros para el erario público.
También es necesaria la revisión de la Ley 3984 del 2010, que rige la distribución de royalties de las represas hidroeléctricas binacionales a gobiernos departamentales y municipales. El destino de miles de millones de dólares en los últimos 15 años, administrados por gobernaciones y municipios, muestra que la transparencia en la rendición de cuentas es una deuda pendiente por parte de sus administradores.
Otras asignaciones discrecionales de fondos se establecen en leyes como la 2874 del 2006, que rige el deporte y los fondos públicos provenientes de impuestos y tasas de los juegos de azar e impuesto selectivo al consumo. Desde su vigencia —casi 20 años— se han transferido a dicho programa alrededor de 700 millones de dólares. Asimismo, el propio Código Electoral, Ley 834 de 1996, establece el sistema de aportes y subsidios a los partidos políticos, pero no establece la rigurosidad necesaria en la rendición de cuentas sobre dichos fondos públicos, quedando más de 500 millones de dólares transferidos desde su entrada en vigencia sin sanciones por estas prácticas.
La deuda pública crece sin detenerse desde 2012, de manera ininterrumpida: de 3.000 millones de dólares hasta la actualidad, cuando ronda los 20.000 millones en la misma moneda.
Este contraste no es menor: mientras que programas nacionales que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos enfrentarán restricciones, la falta de controles y de criterios de austeridad en la ejecución de otros gastos persiste en los diferentes niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. ¿Cómo transmitir de forma creíble a la ciudadanía la idea del ministro Fernández Valdovinos de "economía de guerra" con estas condiciones y contradicciones?
La nueva medida corre el riesgo de convertirse en un eslogan vacío que no refleje verosimilitud, sacrificio, responsabilidad, austeridad, consistencia y, mucho menos, ética.
Además, la situación evidencia una dicotomía preocupante. Según los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, la economía paraguaya crece un 6 % y mantiene indicadores sólidos, pero el flujo de caja del Gobierno está limitado. La brecha entre la buena salud de la economía del país y el déficit fiscal del Gobierno Nacional debería impulsar una austeridad coherente, empezando por quienes administran los recursos públicos. Sin esa disciplina en la conducta pública, la percepción del ajuste se vuelve injusta y selectiva, erosionando la confianza en la gestión pública.
Una legítima "economía de guerra" no debe generar privilegios. Requiere que todos los actores del Gobierno se adapten y, con el ejemplo, lideren, renunciando a beneficios o conductas frívolas inadmisibles en funcionarios públicos.
Solo así se puede justificar una política de austeridad y fortalecer la credibilidad de la gestión pública. De lo contrario, la medida quedará como un mensaje contradictorio: recortes para los ciudadanos, gastos intactos para el Gobierno, cayendo en la definición del sociólogo alemán Max Weber, "jaula de hierro" (Stahlhartes Gehäuse), que describe una vida moderna orientada exclusivamente a la eficiencia y al orden, produciendo solo resultados cuantificables, en detrimento de la autonomía y la libertad individual, convirtiendo a las personas en engranajes de una gran maquinaria.
Paraguay necesita ajustes en el gasto público, pero reales; reformas verdaderas; eficiencia administrativa en la ejecución de programas y proyectos; auditorías técnicas y rendición de cuentas transparentes, no anuncios retóricos. Si se exigen esfuerzos a la población —y en especial a los contribuyentes—, quienes administran el tesoro nacional deben hacerlo con coherencia y conducta ejemplar.
Solo entonces, la "economía de guerra" dejará de ser un lema y pasará a ser una política de Estado responsable y justa, como lo fue en tiempos de la última guerra nacional —la de 1932 a 1935, en defensa del Chaco—, en la que Paraguay terminó la contienda con victoria militar y equilibrio fiscal, como resultado de la austera y patriótica administración de sus recursos públicos y la contribución de sus ciudadanos.