¿Despegue real o espejismo económico?
El presidente Santiago Peña promulgó un paquete de tres leyes económicas que, según el Gobierno, busca dar un salto cualitativo en la atracción de inversiones y en la consolidación de Paraguay como destino industrial para capitales de Asia y Europa, sobre todo. Se trata de medidas de incentivo fiscal, promoción industrial y generación de empleo que llegan en un momento de incertidumbre internacional y de presión interna por dinamizar la economía.
La Ley de Incentivos para la Inversión Industrial es el pilar más visible del paquete. Sería una "nueva" Ley 60/90 de incentivos fiscales que actualiza la normativa de 1990 para fomentar la inversión nacional y extranjera, introduciendo dentro del régimen a dos nuevos rubros: entretenimiento y turismo, con criterios de proporcionalidad, límites temporales y elegibilidad. La misma, plantea ventajas tributarias y aduaneras para empresas que instalen nuevas plantas en Paraguay. La meta es ampliar la base productiva más allá de soja, carne y energía, sectores que hoy concentran la mayor parte de las exportaciones. El riesgo, sin embargo, es que la política termine atrayendo industrias que se instalen solo para aprovechar exoneraciones, sin un compromiso real de largo plazo ni generación sostenida de empleo.
La Ley de Financiamiento y Fomento a la Innovación busca atender un déficit histórico como lo es la falta de capital para proyectos tecnológicos y de alto valor agregado. En teoría, permitirá a pequeñas y medianas empresas acceder a crédito más flexible, estimular la investigación aplicada y abrir la puerta a inversiones extranjeras en sectores emergentes. La pregunta es si el sistema financiero nacional tendrá la capacidad y disposición de canalizar esos recursos hacia los emprendedores locales, y no solo a grandes conglomerados con espalda ancha para negociar.
Por otra parte, la Ley de Promoción de Zonas Económicas Especiales pretende generar polos industriales en puntos estratégicos como Ciudad del Este, donde la ubicación geográfica y la dinámica comercial ya son ventajas. Si se logra combinar infraestructura logística, reglas claras y estabilidad política, Paraguay podría convertirse en un imán para industrias exportadoras. Pero el desafío es grande porque sin carreteras de todo tiempo, puertos eficientes ni energía confiable, las zonas especiales corren el riesgo de quedarse en el papel o de ser enclaves aislados con beneficios limitados para la economía nacional.
Paraguay quiere insertarse con mayor fuerza en las cadenas globales de valor, convertirse en receptor de industrias que hoy buscan costos bajos y estabilidad, y posicionarse como plataforma exportadora. En teoría, los beneficios serían múltiples: generación de empleo formal, transferencia de tecnología, fortalecimiento del mercado interno y mayor recaudación fiscal en el mediano plazo.
Pero también hay riesgos que no pueden ignorarse. Las experiencias previas de regímenes de excepción muestran que, si no hay transparencia ni controles efectivos, los incentivos terminan siendo utilizados por grupos que se aprovechan de la baja carga impositiva sin dejar beneficios reales. Además, la infraestructura del país —rutas, puertos, energía— aún enfrenta déficits que podrían limitar la llegada de inversiones sostenibles.
Asesores financieros y tributarios coinciden en que las nuevas leyes tienen potencial real para mejorar la competitividad, diversificar la economía, atraer inversiones y generar empleo de calidad. Sin embargo, exigen que los anuncios se acompañen de voluntad política, institucionalidad fuerte, transparencia, mejoras en infraestructura y un seguimiento serio.
La pregunta de fondo es si este paquete de leyes logrará cambiar de manera estructural la economía paraguaya o si quedará en una nueva serie de promesas que no se traducen en mejoras palpables para la ciudadanía. Peña apuesta a un modelo de apertura y atracción externa, pero el desafío está en que los beneficios se distribuyan más allá de los grandes grupos económicos. ¿Cambio o un nuevo espejismo?